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La Cámara de Senadores avaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncie ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa, a servidores públicos que no cumplan sus recomendaciones.
Con estas reformas, si las recomendaciones emitidas por la CNDH no son aceptadas o cumplidas, la autoridad o servidor público deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados del Senado para que comparezca sobre el caso.
De no considerar la Comisión debidamente fundamentada esta negativa, las autoridades o servidores públicos tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar sobre su posición de aceptarlas o no.
Los senadores establecieron que para la defensa y promoción de los derechos humanos se observen los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Además, el Senado facultó a la CNDH para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando lo juzgue conveniente o le sea solicitado por el Ejecutivo federal, el Congreso, gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas estatales.
Asimismo, podrá promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal y estatal, así como de tratados internacionales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
La reforma precisa que será el titular de la CNDH quien determine el número de visitadores generales necesarios para la realización de sus funciones.
Además, los senadores derogaron la fracción tercera del Artículo 7, para que ahora Derechos Humanos conozca de asuntos relativos a conflictos de carácter laboral.
Al fundamentar el dictamen, el senador priista Renán Cleominio Zoreda Novelo, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, puntualizó que es fruto de la reforma constitucional más importante en los últimos 25 años en la materia.
Explicó que en el texto se otorga a la CNDH la facultad de investigación por hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, adjudicada anteriormente a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
Al fijar la posición del PAN, el senador Ricardo García Cervantes manifestó estar de acuerdo con la disposición de que se expliciten los principios que deben observarse en la defensa y promoción de los derechos humanos, con lo que se articula la legislación secundaria y la específica en la materia.
El tema central del dictamen es lo que sucederá cuando una autoridad no acepte o no cumpla una recomendación de la Comisión, subrayó.
Por parte del PRI, el senador Alfonso Elías Serrano manifestó que el dictamen contempla dos tipos de control frente a la no aceptación o al cumplimiento de una autoridad a las recomendaciones de la CNDH: uno político y uno administrativo.
Con ello, la Cámara de Senadores podrá llamar a comparecer a los servidores públicos que incumplan una recomendación y se abre la posibilidad de que la CNDH le consulte en su valoración acerca de la fundamentación de la negativa.
En el segundo caso, se trata de un proceso para que la Comisión considere insuficientes los argumentos de la autoridad para rechazar una recomendación.
En tanto, para el senador perredista Tomás Torres Mercado la CNDH está llamada a desempeñar un papel relevante, no sólo por la transferencia de facultades constitucionales y legales, que antes tenía la SCJN, sino porque ahora le corresponderá indagar las violaciones a los derechos humanos.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72 Constitucional.
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