Número-133
- Llamaron a las secretarías de Salud y de Educación Pública y al Sistema Nacional de Protección Civil, para que capaciten también a docentes y personal administrativo.
- También exhortaron a los congresos estatales a realizar las reformas legales necesarias en materia civil y familiar para prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años.
Durante la sesión de este martes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó cuatro dictámenes de la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–.
El primero, exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, realice programas de capacitación de primeros auxilios dirigidos a docentes, personal administrativo y estudiantes de los niveles medio superior y superior.
El senador Jesús Casillas, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que toda la sociedad mexicana debería tener conocimientos de primeros auxilios; y comentó que de acuerdo a la Cruz Roja, alrededor del mundo existen más de 14 millones de personas que han salvado una vida gracias a sus conocimientos en la materia.
Comentó que es importante que se convoque a una cruzada nacional para ampliar el conocimiento de los primeros auxilios, en particular en las comunidades educativas, de preparatorias y universidades; porque es importante que ante cualquier accidente, el afectado reciba atención mientras llega la asistencia médica.
La diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, detalló que en México hay 32.5 millones de menores de 15 años de edad, la mayoría, alumnos que requieren seguridad y la garantía de su integridad física en las aulas donde pasan la mayor parte del día.
Otro dictamen aprobado exhorta a los congresos estatales a realizar las reformas legales necesarias en materia civil y familiar para prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años de edad, y derogar aquellas disposiciones que atenten contra los derechos de los niños.
La senadora Yolanda de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que espera que los congresos locales entiendan que la protección del interés superior de la niñez es una obligación del Estado; y pidió que “hagan la tarea que les toca hacer”.
Refirió que la legislación civil o familiar de diversas entidades no está armonizada con la Constitución o la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; o con otros instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La senadora Carmen Dorantes, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que el matrimonio infantil es una práctica que lacera y limita el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el matrimonio no puede ser libre cuando una de las partes no es suficientemente madura para tomar la decisión.
Además, abundó, esta práctica representa un peligro para la salud de los jóvenes, porque los partos y maternidad a una edad temprana, son de alto riesgo; detalló que en México, 388 mil 831 mil niños y niñas de entre 12 y 17 años están casados o viven en unión libre, y representan 3 por ciento de la población infantil.
Otro dictamen aprobado solicita promover campañas informativas sobre las consecuencias para la salud, derivadas del uso de tuberías y tinacos elaborados con asbesto y sobre los materiales de uso alternativo.
En este tema, la senadora Hilaria Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, comentó que el uso del asbesto representa un grave problema de salud pública, porque las fibras que lo componen se evaporan al aire libre y se disuelven en agua, que puede ser de la red hidráulica de los hogares, lo que expone a quienes la utilizan.
Dijo que se ha comprobado que la ingesta de residuos de asbesto está relacionada con la aparición de cáncer de colón, pulmón, garganta y problemas gastrointestinales; por lo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado suspender el uso de asbesto para prevenir, contener y eliminar enfermedades que provoca.
Finalmente, la Comisión Permanente exhortó a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como a la Procuraduría General de la República, a emprender acciones que permitan impedir y sancionar la reproducción y venta ilegal de informes distintivos de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
