Número-045
- Las facultades siguen educando conforme al sistema anterior, advirtió la senadora Angélica de la Peña, al tiempo que propuso una capacitación permanente.
- El reto es que la reforma no se convierta en agente de injusticia y un equilibrio entre derechos humanos y operatividad, dijo el senador Luis Humberto Fernández.
A unas cuantas semanas de la entrada en vigor de la reforma en materia de justicia penal, aprobada en el año 2008, el cambio no ha sido fácil, y es mentira que el país vaya a ser otro a partir del 18 de junio, reconoció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña Gómez.
Durante la inauguración del simposium “Reforma a la justicia penal: cuando los transitorios nos alcancen”, advirtió que la de justicia penal es una de las reformas estructurales más profundas y, por este carácter, necesariamente tiene que enfrentar una gran cantidad de obstaculizadores.
Sostuvo que los problemas tienen qué ver con la forma en “cómo vemos un sistema que tenemos que sepultar y rápidamente entrar a un nuevo sistema que nos está costando mucho trabajo, no sólo a México. Ese es un problema que se está viviendo en todos los países donde se ha implementado el nuevo sistema de justicia penal”.
Expuso las experiencias de naciones como Chile y Colombia, donde varios años después de la entrada en vigor del nuevo sistema siguen enfrentando una gran cantidad de dificultades. Además, reconoció que cambiar las inercias para entrar a dinámicas distintas es muy complicado.
Las facultades de derecho, indicó la senadora, siguen educando a los estudiantes conforme al sistema anterior; consideró necesario hacer el esfuerzo para capacitar permanentemente, para evaluar dónde están las dificultades en policías, fiscales, ministerios públicos, a fin de lograr cambios en el Poder Judicial.
Implica “deconstruir” hacia dentro de las instituciones para armonizar lo que señala la Constitución Política para transitar hacia un nuevo sistema. Adelantó que el Centro de la Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC) ha realizado un diagnóstico de la Federación y los estados con respecto a esta reforma.
El secretario de la Mesa Directiva, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, consideró que la reforma no trae la certeza de que el nuevo sistema dé los resultados que esperamos o de que vaya a haber más justicia.
“Cómo abordamos un problema para evitar precisamente que las instituciones se conviertan en algo contrario a lo que fueron creadas”, preguntó. Advirtió que cuando las instituciones dejan de cumplir su objetivo funcionan para lo contrario: una institución que busca justicia y no lo hace, se vuelve agente de la injusticia.
El tema de fondo es cómo hacemos que esta reforma no se convierta en un agente de la injusticia y cómo logramos un equilibrio entre los derechos humanos ya ganados contra una operatividad de un Estado.
A nombre del presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, el senador Fernández Fuentes hizo la declaratoria de inauguración del simposium.
Ante representantes de la sociedad civil, abogados y universitarios, la directora de Justicia del CIDAC, María Novoa, dijo que durante los últimos tres años han dado seguimiento y realizado una evaluación sistemática al proceso de implementación y a la operación del sistema penal acusatorio.
“En estos tres años hemos dado alertas de que no se están creando las condiciones mínimas y las capacidades que se requieren a nivel de nuestras instituciones para ir teniendo ya resultados”, advirtió.
Es un proceso joven, que necesita estabilizarse, desarrollarse y madurar, no es un proceso fácil, indicó. Sin embargo, María Novoa insistió en la necesidad de una transformación radical y profunda de todas las instituciones y de la sociedad, pues la reforma plantea un nuevo concepto del servicio de justicia.
En conferencia magistral, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell, destacó que la reforma de 2008 es amplia y omnicomprensiva: “Se trata de la reforma más profunda y ambiciosa de la justicia penal de los últimos cien años”.
Dijo que los primeros que no han cumplido con la reforma han sido los senadores: “Vamos a llegar al 18 de junio sin tener el edificio normativo construido. Y es lo más fácil. Perdónenme, pero aprobar leyes en este país es lo más fácil. Lo más difícil es ejecutarlas, es llevarlas a la práctica”.
Carbonell Sánchez afirmó que se cumplirá el plazo sin la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, sin la reforma a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, sin el Código Único en materia de Justicia para Adolescentes. “La parte estrictamente normativa nos la quedaron a deber legisladores y legisladores de este Senado de la República. Violaron la Constitución, nos fallaron a la ciudadanía”.
El director de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), Alejandro Encinas Nájera, dijo que la reforma representa un cambio de paradigma en la impartición de la justicia criminal en México.
A 37 días de que comience su operación formal en todo el país, añadió, esta reforma establece el tránsito de un modelo inquisitivo mixto a uno de carácter acusatorio, en cuyo núcleo se encuentra la protección de los derechos humanos.
En la inauguración del simposium también estuvo presente el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Félix Benjamín Hernández Ruiz.
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