El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que busca limitar el consumo de alimentos y bebidas con bajo contenido nutrimental y alto en calorías en los centros escolares del país.
Además, plantea impulsar la actividad física para la salud.
No obstante, el Pleno autorizó que los artículos 301 y 307, previamente rechazados y que tienen que ver con la regulación de publicidad de este tipo de productos, fueran regresados a las comisiones de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, con la finalidad de modificar su contenido.
El documento avalado señala que en virtud de la inexistencia de una regulación específica para la venta y elaboración de alimentos y bebidas en escuelas, se incluyó un nuevo capitulo en la ley para obligar a la autoridad a limitar el consumo de productos con alto contenido en calorías, azúcares y sales que pongan en riesgo la salud de los educandos.
Según el dictamen, le corresponde a la autoridad educativa federal regular, en el ámbito de su competencia, la comercialización y consumo de alimentos y bebidas en los centros escolares.
Además, tendrá la facultad de promover la adopción de hábitos alimenticios saludables y su relación con la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria y los padecimientos crónicos degenerativos.
Obliga a quienes elaboren o comercialicen alimentos, a cumplir con la normatividad sanitaria y de regulación de venta de alimentos en escuelas, conforme al marco vigente y a partir de los lineamientos que emita la autoridad educativa federal.
Señala que a los establecimientos que incumplan con la normatividad que se establezca para la elaboración y comercialización de alimentos y bebidas en centros escolares, se les castigará con la cancelación y suspensión inmediata del permiso de elaboración, venta o distribución de dichos productos.
Establece la obligación de que en las etiquetas y contra etiquetas sean detallados los datos del contenido calórico en cada tipo de presentación de alimentos y bebidas.
Por otro lado, pretende garantizar la disponibilidad de agua potable en las escuelas de educación básica y media superior, al instalar depósitos de agua con filtros y bebederos públicos.
También, crea el Observatorio Nacional de Alimentación y Nutrición, el cual será un órgano consultivo de la Secretaría de Salud y estará integrado por autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil, a fin de evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas sobre alimentación y nutrición.
Amplía el derecho de niños, niñas y adolescentes al puntualizar en la ley el combate al sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, mediante la promoción de una alimentación correcta.
En la discusión del dictamen, la senadora María Teresa Ortuño Gurza, del PAN, afirmó que el sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud de primer orden en México, ya que 70 por ciento de la población total del país padece algún desorden alimenticio.
Explicó que el texto reúne 24 iniciativas que tratan los temas alimentarios, los cuales fueron discutidos durante dos años para “crear una plataforma normativa que reconozca los asuntos relacionados con la obesidad como un asunto de interés público y de salubridad general”.
A su vez, el senador priista Fernando Castro Trenti consideró que el dictamen contiene una “redacción engañosa que sólo se presta para seguir protegiendo los intereses económicos, de industrias muy respetables, pero estos intereses económicos nos ponen por encima de los intereses de la salud de nuestras hijas y nuestros hijos”.
Es --dijo-- una llamada a misa, engañosa y perversa, para hacer creer a la sociedad que hemos cumplido con nuestra responsabilidad; pero que lo presenta así, se atreve simplemente a faltar los principios mínimos de dignidad y de respeto a la comunidad.
La senadora Socorro García Quiroz expuso que el grupo parlamentario del PRI respalda tajantemente la prohibición de la venta de alimentos con altos contenidos de azúcar, harina refinada, grasas, calorías, y sodio.
En este sentido, se pronunció “porque los artículos 103; 12, fracción 11-bis; y el artículo 86, explícitamente señalen que se prohíbe la venta de estos productos en los centros escolares”.
En tanto, el senador Tomas Torres Mercado, del PRD, reiteró que el dictamen “es producto de la correlación de fuerzas políticas”.
Recordó que su grupo parlamentario estableció en la propuesta que de modo imperativo se coloquen bebederos en las escuelas, “si los niños tienen sed y hay agua fresca, aunque hubiera otras bebidas, quizás opten por el agua fresca para beber”.
Por su parte, el senador petista Ricardo Monreal Ávila alertó sobre la afectación millonaria que el dictamen representa para las industrias que producen comida chatarra y que fácilmente con los abogados y el dinero de que disponen, pueden combatir las leyes que estamos aprobando que contienen vicios de origen.
Insistió que aunque el objetivo de la iniciativa es loable, “todavía es limitada, falta fundamento jurídico al limitar la venta o expedición de alimentos chatarra, nosotros creemos que debe de prohibirse tajantemente y lo vamos a presentar en reservas”.
A nombre de Convergencia, el senador Francisco García Lizardi destacó que el crecimiento de la obesidad en el país está estrechamente ligado con la pobreza y la falta de educación, pues los productos que la provocan son más baratos y el acceso a ellos está al alcance de los consumidores con mayor facilidad.
Dijo que “la aparición de la comida chatarra y rápida en los sitios de consumo masivo, su amplia difusión plucitaria, así como la presencia en su proceso de producción, de sustancia químicas que generan adicción, crean una co-dependencia en la población que se grava ante el rezago económico que no permite una alimentación adecuada”.
El senador panista Ramón Galindo Noriega expresó que es necesario que las empresas que se dedican a vender estos productos, actúen con mayor responsabilidad dentro del marco de la economía social de mercado, para que “no se vieran obligadas a tomar medidas para proteger la salud de los de los niños y los jóvenes de México”.
Enfatizó que la economía no sólo debe atender “el propósito, muy particular, de las utilidades y las ganancias”, sino también el compromiso que tienen las empresas ante la sociedad.
El senador perredista Antonio Mejía Haro dijo que este padecimiento también es un problema de publicidad porque los niños “están siendo bombardeados por spots que promueven la comida chatarra”.
Se pronunció por prohibir totalmente la venta de “alimentos chatarra” en los centros escolares, porque “la escuela no puede estar siendo promotora de alimentos altos en grasas, en sales y en azúcares solubles”.
El dictamen aprobado en lo general contiene el proyecto de decreto que reforma las leyes General de Salud, General de Educación, para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
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