Número-1684
- El nuevo ordenamiento se aprobó por unanimidad y se envió a la Cámara de Diputados.
- Busca reestructurar del sistema penitenciario con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte.
Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene por objeto reestructurar del sistema penitenciario con base en la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
El nuevo ordenamiento establece las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y la regulación de los medios para lograr la reinserción social.
Lo anterior, bajo los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
El proyecto de decreto, que también adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, se aprobó con 115 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
A propuesta de las comisiones dictaminadoras, el Pleno incorporó cambios a los artículos 3, 6, 7, 15, 22, 29, 135 y 153, así como a los transitorios Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo del dictamen, así como la adición de un artículo transitorio Único de todo del decreto.
Con estas modificaciones se precisa que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, “conforme a su presupuesto”.
En el régimen transitorio se aclaró que la autoridad penitenciaria contará con un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de este decreto, para capacitar, adecuar los establecimientos penitenciarios y su capacidad instalada, equipar, desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones, así como adecuar su estructura organizacional.
Además, se estableció que podrán acceder, de manera inmediata, al beneficio de libertad anticipada todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la “posesión, sin fines de comercio o suministro, de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia, ni la concurrencia de más delitos”.
Otro de los cambios al dictamen dispone que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la Ley para el Poder Judicial Federal, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas.
La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal también establece que puedan acceder al beneficio de libertad anticipada todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por la comisión del delito de robo, cuyo valor de lo robado no exceda de 80 salarios mínimos y cuando no haya mediado ningún tipo de violencia.
Prohíbe medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el encierro en celda oscura o sin ventilación y el aislamiento indefinido o por más de 15 días continuos.
Dispone que las mujeres privadas de la libertad tengan acceso a derechos específicos de su género, así como de condiciones especiales de niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios. Precisa que las mujeres podrán recibir trato de personal penitenciario femenino, atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, en caso de que permanezcan con sus madres.
Plantea que la constancia de antecedentes penales se pueda extender cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes para fines de investigación criminal o procesales; por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos; en los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; o la requiera una embajada o consulado extranjero en México.
Los senadores dispusieron que, cualquiera que sea el centro de ingreso, se procederá de manera inmediata a una separación de las personas privadas de la libertad: las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; además las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas.
Determinaron que quienes se encuentren en reclusión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada, o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a centros especiales.
Los sentenciados por los delitos de secuestro, así como por las conductas de privación ilegal de la libertad con el propósito de obtener un rescate, lucro o beneficio, independientemente de su denominación, tipificadas en las legislaciones penales, deberán compurgar su pena espacios especiales ubicados dentro de los centrospenitenciarios.
El ordenamiento considera como faltas disciplinarias graves la participación activa en disturbios; evadirse, intentar evadirse y/o favorecer la evasión de personas privadas de la libertad; así como comercialización y tráfico de objetos prohibidos al interior del penal y el uso de aparatos de telecomunicación no permitidos.
Al presentar la dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, destacó que el nuevo modelo se aleja de la “vieja escuela” de readaptación social, que data de 1971, para transformarse en un sistema penitenciario que deja de ser el centro de convivencia y de desarrollo de la delincuencia, es decir, “la escuela del crimen”.
Con esta Ley, dijo, el Senado da el primer paso para cambiar la vida de miles de personas que se enfrentan todos los días a la oscuridad y las sombras en los centros de reclusión. “Nuestras cárceles nunca más serán nidos de violación a los derechos que nuestra Constitución garantiza”, sino que dotarán de seguridad a la población en general y con ello “evitaremos tragedias como ha sucedido en fechas anteriores”.
A nombre de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que la promulgación de una Ley única representa una oportunidad invaluable para transformar los parámetros de gobernabilidad de los centros de privación de libertad y garantizar que el régimen de internamiento sea llevado a cabo en condiciones de vida digna y segura para todas las personas.
Afirmó que casi el 40 por ciento total de la población penitenciaria se encuentra privada de su libertad en calidad de procesados, “sujetas y víctimas del abuso de la prisión preventiva en nuestro país y sin que hasta el momento se les haya dictado una sentencia, eso es realmente un problema. Muchas de estas personas, si el nuevo sistema penal tuviera los niveles de vigencia que todos deseamos podrían y deberían estar enfrentando su proceso en libertad”.
Por la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar resaltó que la ley sienta las bases para el tratamiento de las personas privadas de la libertad que modificará y enfocará los vicios del régimen penitenciario actual. Se establece un sistema penitenciario que deje ser el centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia comúnmente conocido como “escuela de crimen”.
Además, dijo, se reconoce a las personas privadas de la libertad como sujetos de derechos y no como reo o prisionero, y se desarrollan cinco ejes de reinserción social: el respeto a los derechos humanos, trabajo y capacitación, educación, salud y deporte.
Asimismo, destacó que mientras que niños y niñas vivan con sus madres en el centro penitenciario, la autoridad deberá proveerlos de medios y espacios dignos para lograr su desarrollo y que no tengan una pérdida mayor en su crecimiento, a fin de proteger a los llamados “niños invisibles”.
La senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos afirmó que a pesar de estar establecida de manera doctrinaria, en México no hay reinserción social. El Estado mexicano y la sociedad no cuentan con los instrumentos, normatividad y criterios jurídicos para que se cumpla, argumentó.
Con esta legislación, el Estado asume deberes específicos de respeto de las personas privadas de la libertad, y asegura el propósito de sancionar y reinsertar a la sociedad, mediante el desarrollo del debido procedimiento penitenciario ante las autoridades de ejecución, el cual, se deberá regir por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y de reinserción social.
Al fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna, aseguró que el dictamen tiene grandes avances que permiten concretar el urgente cambio de paradigma del sistema nacional penitenciario, pues transita de un sistema obsoleto y violatorio a uno que busca la rehabilitación de las personas en el marco del respeto a los derechos humanos.
La reforma representa un avance importante porque se atendieron las condiciones de grupos vulnerables, como las personas que se encuentran recluidas y presenta alguna discapacidad física o mental; se atiende el hacinamiento en cáceles y se incluye la discriminación.
Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario del PT, Layda Sansores San Román, manifestó que su voto a favor del dictamen es parte de reconocimiento de la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, consideró que las modificaciones que se presentaron previo a la discusión, postergan la aplicación de la ley por cuatro años, pues a pesar de la aprobación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no destinará recursos para su implementación.
A nombre de la bancada del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez señaló que el tema de los centros de privación de la libertad estuvo ausente de las agendas legislativas y de las políticas de asignación de recursos y de la política criminal en general; las prisiones eran vistas como un gasto que siempre era deseable evitar.
Ello --dijo-- provocó que las prisiones se convirtieran en lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos y en espacios totalitarios o excluyentes, donde no se lograba una readaptación social de los presos.
El senador Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del PRI, expresó que los centros penitenciarios deben aspirar a consolidar una organización efectiva, relativa al tratamiento de los reclusos con dignidad, igualdad, legalidad y proporcionalidad “para que puedan tener una autentica reinserción social”.
Destacó que esta ley ayudará a la instauración de un nuevo régimen de seguridad pública y a innovar un sistema de reinserción social, acorde con la realidad que vive México y a las problemáticas que hoy se deben atender.
Adrián Menchaca Medrano, senador del Grupo Parlamentario del PT, consideró que con la disposición para quelas entidades federativas realicen las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas no se va a concretar la Ley, “porque los estados no tienen recursos y están endeudados”.
Del PAN, la senadora Silvia Garza Galván reiteró que este ordenamiento servirá para terminar con la violencia, corrupción, tortura y los tratos crueles, degradantes e inhumanos que operan en los centros de reclusión.
Por su parte el senador Manuel Cárdenas Fonseca, sin grupo parlamentario, precisó que espera que este dictamen no se convierta en un “gatopardismo en el tiempo y en el espacio”. No tiene fuente de financiamiento y obligan a los organismos y dependencias obligadas a hacer una readecuación programática y presupuestal del ejercicio al gasto, cuando en el orden federal y estatal hay una presión enorme al gasto.
Asimismo, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT, subrayó que los reclusorios, en opinión de la mayoría, en lugar de ser centros dedicados a la reinserción social se han convertido en escuelas del crimen, desde donde se planean y cometen diversos delitos.
El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, subrayó la relevancia de la ley, toda vez que se basa en el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. A ellos, se les garantiza su derecho a la alimentación, salud, trabajo y a un trato digno.
Posteriormente, la asamblea rechazó las propuestas de los senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT, Zoé Robledo Aburto, del PRD, y de la senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez, para modificar diversos artículos del dictamen.
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