Número-1531
- Dan a conocer un addendum –que debe ser aprobado por los presidentes de las comisiones– para instalar los Grupos de Trabajo que incorporarán las propuestas al dictamen.
- Senadores y representantes de la sociedad civil resaltan facultades de investigación de la Auditoría Superior y la inexistencia de la participación ciudadana en el Sistema de Fiscalización.
El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, subrayó que las cuatro mesas de trabajo que se instalaron para el análisis de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción fueron de mucho provecho y que han presentado propuestas claras que se buscará incorporar al proyecto de dictamen.
Además, dio a conocer un addendum, o agregado, al acuerdo de los presidentes de las comisiones sobre el trabajo que deberán seguir con el objeto de encaminar la dictaminación del proyecto. No obstante precisó que tiene que ser avalado por los presidentes de las comisiones dictaminadoras.
El senador del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que de acuerdo con el addendum, una vez concluidas las mesas de trabajo se instalarán las cinco mesas de trabajo sobre las problemáticas abordadas, las cuales se integraran por legisladores y representantes de la sociedad civil para discutir artículo por artículo las propuestas presentadas por los presidentes de las comisiones unidas, grupos parlamentarios, legisladores en lo individual y representantes las asociaciones de la sociedad civil.
Las sesiones y los documentos internos, agregó, deberán ser públicas y como resultado de su trabajo, presentarán sus conclusiones, para dar paso al proceso de elaboración del proyecto de dictamen, en los términos que establece el Reglamento del Senado.
Además, se habilitarán cinco documentos abiertos a la ciudadanía, contendrán las iniciativa presentadas por los legisladores, grupos parlamentarios y presidentes de las comisiones unidas; y en el caso de Ley de Responsabilidades, la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 servirá de guía para el documento.
Cada documento incluirá una tabla comparativa de las iniciativas y los documentos de trabajo presentadas, los legisladores, y organizaciones civiles podrán poner en control de cambios las propuestas, comentarios y precisiones que consideren pertinentes; se llevará registro puntual de cada cambio, así como su proponente y estarán en tiempo real disponibles para la ciudadanía, todo esto, para dar cumplimiento al compromiso público de guiar este proceso legislativo bajo los principios de parlamento abierto.
Los grupos de trabajo están conformados conforme a la relación que entregaron los grupos parlamentarios para las mesas temáticas.
Por su parte, la senadora Dolores Padierna Luna advirtió que su grupo parlamentario, el PRD, propuso contar con una nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas para regular los procedimientos a fin de mejorar la función pública y combatir la corrupción. En esta, agregó, se detalla la pulcritud en el uso de recursos públicos e incluye la protección de los derechos humanos.
La propuesta, dijo, también permite la participación de la ciudadanía en los procesos de fiscalización y la evaluación de la función pública, busca la estabilidad de las finanzas públicas, e incluye en el Sistema Nacional de Fiscalización a un representante ciudadano dentro del comité de participación ciudadana.
La senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene autonomía técnica y de gestión en el aspecto de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Por lo tanto, atendiendo a este precepto legal, el SNA no puede decidir cuáles son las normas de auditoría.
La senadora independiente Martha Tagle Martínez, pidió que se incorpore la propuesta de fiscalización de deuda pública presentada por el PRD, para una mejor supervisión del ejercicio de los recursos públicos de entidades federativas y municipios. Tiene que verse como un asunto del Sistema Anticorrupción porque tiene que ver cómo se va a fiscalizar la deuda estatal garantizada, puntualizó.
El senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, precisó que se tiene que dotar a la Auditoría Superior de la Federación, “el cumplimiento constitucional que lo lleve a última instancia” y añadió que se pueden hacer varios elementos de camino para hacer efectiva la facultad constitucional de investigación.
El senador priista Miguel Romo Medina señaló que tratándose los órganos de control deben de reportar a la Auditoria Superior para resolver los casos en que se haya iniciado un procedimiento, y que deben de ser aceptadas las acciones que aclaren o resuelvan y, en su caso, dar curso a la sanción que deba aplicarse. Y cuestionó si existe una vía normativa en el caso de los recursos federales.
Por parte de la sociedad civil, Marco Fernández, de México Evalúa, recalcó que para fortalecer la capacidad de investigación de la ASF en la revisión de los recursos públicos, se tiene que establecer en la ley una coordinación obligatoria entre el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia financiera y mecanismos adicionales como Plataforma México y la información de la Secretaría de la Función Pública y la propia FP y la propia Auditoría.
Además reconoció que el Sistema Nacional de Fiscalización no homologa la información presentada por la ASF y que es preciso revisar el tema de las multas para la parte de fiscalización.
Del Centro de Estudios Espinoza Yglesias, Enrique Díaz Infante, subrayó que no se observa en las leyes correspondientes la precisión de la definición de deuda como el ingreso y pago en el tiempo, y que no se faculta a la Auditoría para revisar ese tiempo de deuda, porque no está considerada como tal.
Por otra parte, Oscar Arredondo, investigador de Fundar, advirtió que la Ley de Fiscalización se queda corta, y manifestó su preocupación por que la agenda anticorrupción es ajena a los temas relacionados con derechos humanos y participación ciudadana. No se habla del daño que causa la corrupción y las irregularidades graves en el manejo del gasto a sectores específicos de la sociedad, apuntó.
De Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez destacó que la Auditoría Superior de la Federación tendrá que cumplir con la tarea de hacer investigación de posibles actos de corrupción en el ámbito administrativo por mandato constitucional.
A la mesa de trabajo asistieron los senadores Jesús Casillas Romero e Ivonne Álvarez García, del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Píter, del PRD; y Laura Rojas Hernández y Juan Carlos Romero Hicks, del PAN.
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