Número- 1404
- Casi cuatro millones de personas de este grupo viven en condición de pobreza.
- Comisión aprueba dictamen para establecer la obligación a toda autoridad de promover y respetar los derechos fundamentales.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, aprobó exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias homólogas en las entidades federativas, para que refuercen sus acciones, programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.
Lo anterior debido a que la capacidad de las personas adultas mayores, para llevar a cabo actividades físicas e intelectuales, se va deteriorando con el paso del tiempo, por lo cual resulta de gran relevancia para el Estado mexicano dar prioridad a las acciones que garanticen el goce pleno y digno desarrollo de las personas mayores de 60 años.
El dictamen puntualiza que en México dos de cada tres adultos mayores de 64 años no cuentan con los ahorros suficientes para alcanzar una pensión digna. Aunado a ello, casi cuatro millones de personas de este grupo viven en condición de pobreza.
Refiere que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas y se estima que en 2050 se llegue a 42 millones, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica.
Por ello, resulta fundamental promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores, brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente, puntualiza.
Plantean que toda autoridad esté obligada a promover y respetar derechos fundamentales
Los legisladores también avalaron el dictamen a una minuta que busca establecer la obligación a toda autoridad para promover y respetar los derechos fundamentales, garantizando su goce bajo principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, introduce elementos respecto a la organización y funcionamiento de los organismos protectores de los derechos humanos, tanto nacionales como los equivalentes en las entidades federativas, e impone a todo servidor público que no acepta o cumple con una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos, la obligación de fundar, motivar y hacer pública su negativa.
La propuesta constituye un gran paso en materia de derechos humanos y elementos que la conforman, además establece que los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte tendrán el nivel jerárquico de la Carta Magna, aspecto que complementa y fortalece la protección de los derechos humanos en el territorio nacional.
También establece que no se podrán vulnerar los derechos de las personas, ni sus oportunidades, a partir de su preferencia sexual.
En México, promover el respeto a la no discriminación sigue siendo uno de los principales retos del Estado, en virtud de que aun reconociendo los esfuerzos en la materia, nos encontramos con resultados de diversos estudios que nos indican que debemos continuar multiplicando esfuerzos, puntualiza el documento.
La minuta con proyecto de decreto propone reformar y adicionar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
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