Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 
Número- 1410
 
  • Órganos reguladores en materia energética, empresas relacionadas con acciones públicas, y diplomáticos deben ser sujetos a comparecer.
  • Esto permitirá mayor equilibrio de poderes en materia de transparencia y rendición de cuentas, afirma.

 

Es necesario ampliar las facultades y herramientas del Congreso de la Unión respecto a la supervisión e investigación en el uso y aplicación de recursos públicos, para lograr mayor rendición de cuentas y transparencia, afirmó la senadora Dolores Padierna Luna al presentar iniciativa de reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución.
 
La propuesta de la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD plantea que el Senado y la Cámara de Diputados puedan ampliar su potestad para citar a comparecer a funcionarios de la Fiscalía General de la República, empresas productivas del Estado y órganos reguladores en materia energética, como la Comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
 
También serían sujetos a comparecer embajadores y cónsules, así como los particulares que tengan relación con algún asunto de carácter público o hayan recibido recursos públicos.
 
Padierna Luna aseguró que se pretende fortalecer el papel del Poder Legislativo como contrapeso republicano, en especial cuando se ha realizado una labor parlamentaria para alcanzar mayor rendición de cuentas y transparencia.
 
El objetivo, subrayó, es “disminuir el presidencialismo y dar más espacio al parlamentarismo”, y de esta forma eliminar la discrecionalidad en los llamados a comparecencias de funcionarios o en la realización de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción.
 
“La propuesta no es exagerada, se trata de actualizar la validez de la República, que no puede ser más débil que el de la élite económica”, enfatizó, al reiterar que en el Senado los representantes de todos los partidos políticos se han manifestado a favor de la división de poderes y el imperio de la ley.
 
Apuntó que, como poder emanado del voto popular, el Congreso no puede tolerar más casos de corrupción, como el de Oceonografía en materia energética; o de embajadores que ofrecen beneficios a personas detenidas por supuesto lavado de dinero, como el ocurrido recientemente en España.
 
La iniciativa se turnó a comisiones unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.
 
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