Número-1517
- Consideran senadores que las propuestas para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se “quedaron cortas”, ante el problema de la corrupción en el país.
- Junto con ese diseño, se debe definir el carácter de sus resoluciones y recomendaciones, que hasta ahora vienen como “no vinculantes”, pero deberían serlo, consideraron.
Senadores y organizaciones civiles se manifestaron a favor de que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sea presidio por ciudadanos; y señalaron que las propuestas presentadas para el funcionamiento de ese organismo se “quedaron cortas” ante el problema de la corrupción en el país y la expectativa de la sociedad.
En la segunda mesa de análisis de las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción y Orgánica de la Administración Pública Federal, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que es fundamental que sean los ciudadanos quienes presidan dicho Sistema, pues esto sería un catalizador y le daría funcionalidad a este mecanismo.
En este sentido, el legislador dijo que su bancada está a favor de “poner en el corazón” del Sistema a los cinco representantes del Comité de Participación Ciudadana, a fin de fortalecerlo y que pueda “convivir” con las grandes burocracias que se están creando con estas leyes.
La senadora Laura Angélica Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, opinó que la propuesta de las comisiones sobre el funcionamiento del Sistema “se parece mucho más a una simple mesa de trabajo y a una coordinación interinstitucional, que a un sistema”.
Consideró que el planteamiento de las comisiones, respecto a las atribuciones que se le dan al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, “se quedó corto” frente a la expectativa ciudadana y ante la magnitud del problema de la corrupción, además de que no atiende el diagnóstico sobre esta problemática que muchas veces se ha discutido en el Senado.
Del PRD, el senador Zoé Robledo Aburto dijo que la duración del cargo en el comité coordinador debe ser de siete años, sin posibilidad de reelección, y no de cuatro con capacidad de reelección, como lo propone el documento de las comisiones.
En su turno, la senadora Martha Tagle Martínez también se manifestó a favor de que sean los ciudadanos quienes presidan el comité coordinador, y criticó que el documento de trabajo de las comisiones permite a este organismo nombrar a los integrantes del comité de participación ciudadana sin un procedimiento claro, transparente y ciudadanizado.
Asimismo, dijo que no se garantiza una integración real en condiciones de igualdad de género, no se establecen bases mínimas del funcionamiento y coordinación de los sistemas locales anticorrupción, no incluye garantías ni medidas de protección a los denunciantes e informantes de hechos de corrupción, ni una política nacional de prevención y combate a este problema.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez dijo que se debe tener mucha certeza en el diseño institucional, ya que se trata la creación del Sistema, las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica, del Comité Coordinador y las competencias del Comité de Participación Ciudadana.
Junto con ese diseño, aseguró que se debe definir el carácter de sus resoluciones y recomendaciones, que hasta ahora vienen como “no vinculantes”, pero tendrían que ser “vinculantes”; más aún porque en éste participan sujetos obligados de la ley “y entonces no pueden dictarse normas para sí mismos y ahí entramos en una primera contradicción”.
Aunado a ello, se debe avanzar en la definición de indicadores claros de evaluación y la instrumentación e implementación de la ley; y para ello se debe trabajar en la definición de una política nacional, con indicadores claros que puedan tener su réplica en los sistemas locales.
Precisó que dentro de la delimitación de responsabilidades el mayor problema que tiene, es quién presidirá, ya que el diseño de este Sistema está conformado fundamentalmente por sujetos obligados.
El senador del Grupo Parlamentario del PRI, Raúl Cervantes Andrade, advirtió que en el tema de la participación ciudadana si se otorgan facultades “en exceso”, que no estén claramente en la Constitución, “se van tirar por amparo”. El tema más importante de estos órganos es la credibilidad, se llame participación ciudadana o no, apuntó.
Del mismo modo, manifestó que si los aparatos burocráticos son grandes, lo único que se generará es una ineficacia; por esa razón, subrayó, el Ministerio Público en México no funciona.
Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, coincidió en que la Presidencia del Comité de Coordinación del Sistema Nacional debería recaer en el Comité de Participación Ciudadana, ya que la única silla del Sistema que no es un organismo público.
Todas las demás sillas están ocupadas por dependencias que tienen una responsabilidad específica asignada, precisó.
Si se piensa en alguna de estas dependencias, nos parece que se estaría perdiendo uno de los puntos principales de la reforma constitucional, que era la incorporación de este grupo de ciudadanos para hacer posible que el sistema en su conjunto funcione independientemente de las funciones específicas designadas a cada una de las entidades que tendrá un asiento.
Las dependencias eventualmente podrían tender a cuidarse entre sí, los ciudadanos no harán eso, buscarán que el Sistema funcione de manera articulada y permanente, ya que esa es su única obligación
José Roldan Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que se debe cuidar la definición de competencias y evitar un posible conflicto de intereses entre instituciones y facultades que impidan cumplir con la función del Sistema Nacional Anticorrupción.
Indicó que se debe evitar darle al Sistema funciones de seguimiento de casos o de presentación de denuncias, “porque entonces se lograría convertir una de estas funciones en interesados y esto expone al Sistema”.
A su vez, Max Kaiser, del Instituto Mexicano para la Competitividad, expresó que el Senado de la República debe generar un equilibrio entre el control del poder y la eficacia del sistema en el combate a la corrupción, “ni una más que la otra”
