Número-1504
- INE y PGR deben precisar penas y sanciones a este tipo de conductas.
- Se registraron ocho casos en proceso electoral 2014-2015, incluido el homicidio.
El logro de la paridad, en la designación de candidatos a puestos de elección popular, no dio solución al problema de la violencia y acoso políticos contra las mujeres, afirmó la senadora independiente Martha Tagle Martínez, quien propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Procuraduría General de la República (PGR) tipifiquen y sancionen este tipo de actos.
No importa el partido o localidad, la violencia es una situación que vivimos; “y en el Senado tenemos dos años sin avanzar en la dictaminación de una ley que por fin tipifique el acoso y violencia política de género; algo hacemos mal”, subrayó. Además expuso ocho casos de acoso y violencia política contra mujeres durante el proceso electoral 2014-2015, incluidos homicidios.
La legisladora presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en Materia de Delitos Electorales, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos.
El objetivo es establecer mecanismos para erradicar eficazmente la agresión de género, definir el término violencia política; y señalar que INE y PGR deben coordinar acciones e instrumentos interinstitucionales que permitan combatir el acoso.
Lo anterior implica que el INE sea parte del Sistema Contra la Violencia de Género, en tanto que a la PGR se le concederían facultades en materia de protección a derechos humanos.
Plantea precisar penas y sanciones para quienes ejerzan violencia política contra las mujeres, así como obligar a los partidos a abstenerse de recurrir a la dicha práctica, tanto en lo personal como en la propaganda que den a conocer.
Con la propuesta, apuntó Tagle Martínez, se “coloca en la picota pública la violencia contra las mujeres al acceder a sus derechos políticos, lo que refuerza comportamientos sociales discriminatorios que debilitan la democracia”.
Ello requiere de un abordaje integral, precisó, que asegure el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, al igual que garantizar condiciones libres de discriminación y violencia, en todos los niveles y espacios de la vida política.
Apuntó que es necesario actuar, pues persisten los actos de violencia política, entre los que destaca el registrado el dos de enero de 2016, cuando la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, fue asesinada en su domicilio un día después de haber asumido el cargo. Recordó además que el 25 de febrero pasado amenazaron a la precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Hilda Medina Macías, al dejar en la puerta de su casa una corona funeraria.
De igual manera, el 29 de enero de 2015, la precandidata a diputada federal del PAN en Morelos, Gabriela Pérez Cano, recibió el mensaje “abandona la candidatura”, junto con la agresión a su hijo de 14 años.
El 10 de marzo del mismo año, agregó, “en la máxima expresión de violencia política, la precandidata por el PRD, Aída Nava, fue hallada decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político”.
En julio, la candidata del PAN a la alcaldía del municipio de Reforma, en el estado de Chiapas, Yesenia Alamilla Vicente, fue interceptada, detenida y golpeada por un grupo de encapuchados, quienes --señala la denuncia-- le advirtieron que se trató de un mensaje del candidato del PVEM, Herminio Valdez Castillo.
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