Senadores coinciden en no victimizar a discapacitados, sino reconocer su igualdad en derechos
- Detalles
- Categoría: Boletines
Número- 1439
- El uso de eufemismos genera discriminación, pues se limitan la capacidad que tienen para participar en la actividad política, económica y social.
- Comisiones del Senado y Cámara de Diputados trabajarán en conferencia en una nueva ley de discapacidad.
Senadores del PAN, PRI y PRD reconocieron que debe trabajarse en una nueva ley de discapacidad, a fin de armonizar la legislación a nivel nacional y a partir de ello romper con paradigmas como la victimización de las personas que registran alguna discapacidad, para reconocer su capacidad y derecho pleno para participar en la actividad política, económica y social del país.
Al inaugurar el foro “Retos para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad”, en representación del presidente de la Mesa Directiva, senador Roberto Gil Zuarth, el legislador César Octavio Pedroza Gaytán, estableció que es necesario romper paradigmas en la visualización y atención a la discapacidad, para ofrecer reales alternativas de desarrollo a la población.
“La columna vertebral tiene que ser el dejar de lado la apreciación de victimización de quienes tienen una discapacidad, hoy tenemos que confrontar cómo debemos abordar en la ley esta y todas las temáticas relacionadas”, subrayó.
Se pronunció porque se anteponga el respeto por convicción a todos los discapacitados, haciéndose a un lado la “simpatía condescendiente”, ante lo cual el Estado debe abordar la legislación y programas a profundidad y seriedad, para así dar certeza a sus garantías y derechos en todos los ámbitos, desde el acceso hasta el desarrollo educativo, laboral, profesional, etcétera.
“Es momento de cerrar esa historia de décadas de oscuridad, vergüenza, olvido y abandono, hoy debemos entender que este problema nos atañe a todos y es nuestra responsabilidad eliminar todo tipo de barreras, es el objetivo de este foro”, puntualizó al reconocer la participación de organizaciones civiles.
La Senadora Pilar Ortega Martínez, quien convocó al foro, refirió que en septiembre de 2015 presentó una iniciativa con el objetivo de generar herramientas en la legislación federal para hacer efectivas las garantías de las personas con discapacidad.
A partir de esta propuesta se estableció una relación con organizaciones civiles, que apuntaron la necesidad de que desde el Poder Legislativo se rompan paradigmas. “Necesitamos cambiar nuestra forma de trabajar, pensar, ver y entender la discapacidad en nuestro país, es nuestra obligación adoptar medidas legislativas que impliquen revisar, modificar o derogar leyes, reglamentos y prácticas que sean incompatibles es con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Esta es una responsabilidad compartida con los otros integrantes del Estado, como el Ejecutivo que debe adoptar medidas administrativas que permitan generar políticas económicas, sociales y culturales a favor de este sector de la población.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, senadora Lilia Merodio Reza, aseguró que existe un compromiso con el organismo homólogo de la Cámara de Diputados, presidido por el senador Gustavo Madero Muñoz, para armonizar la ley en la materia a nivel federal.
Ello implica la construcción de campañas para la sensibilización en las escuelas, hospitales y toda la administración pública, pues si bien se cuenta ya con una legislación, falta avanzar con la sociedad, en las escuelas, centros de trabajo y en toda la administración pública para el respeto en el trato a los discapacitados.
“Se trata de trabajar en equipo con el gobierno federal y los estatales, independientemente de la separación de poderes, pero siempre en beneficio de las personas que tienen alguna discapacidad, y que nuestro país pueda avanzar en las recomendaciones realizadas por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad”, subrayó.
La senadora Hilda Flores Escalera, secretaria de la Mesa Directiva, manifestó su preocupación por que la generalidad de la población no conoce la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene entre sus temas torales de los menores con discapacidad.
“Es una triste realidad y debemos actuar juntos Legislativo y Ejecutivo, para generar elementos y llevar a cabo un trabajo muy serio a favor de las personas con discapacidad”, enfatizó al asegurar que los legisladores tienen un firme compromiso social por avanzar en la atención de las personas con discapacidad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, se pronunció en este mismo sentido, al tiempo de puntualizar que senadores y diputados trabajarán en conferencia para lograr armonizar la ley y se hagan efectivos los derechos de las personas con capacidades diferentes.
Se trata de construir una legislación, enfatizó, para “garantizar que las personas con discapacidad sean por sí, ya sin lugar a dudas, que no haya resistencias, ningún resquicio a la ley, que no los considere como personas sujetas de derechos”.
El senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, apuntó por su parte que la falta de una certera atención a este grupo vulnerable se percibe en aspectos básicos como su registro, pues el INEGI refiere en censo 2012 que cerca del seis por ciento de la población registra algún tipo de discapacidad; “sin embargo al sumarse los datos cada uno de los órganos estatales llegas a la conclusión de que al menos 15 millones de mexicanos enfrentan esta circunstancia, lo cual representa el doble del órgano concentrador de información”.
Ante ello, es importante reflexionar sobre los avances reales, atender pendientes, recobrar el impulso a la atención de la discapacidad; “es un compromiso y obligación de todos los legisladores, implementar acciones positivas para lograr que por fin que las personas con discapacidad participen plenamente, en un terreno de igualdad, en la vida política, económica, social y cultural del país”.
“Los grupos parlamentarios del Senado tenemos el franco compromiso sumarnos al cambio de paradigma del modelo social y derechos humanos con que se atiende la discapacidad, bajo el principio de respeto a la dignidad humana y en atención a la solidaridad y bien común”, enfatizó.
El senador Héctor Larios Córdova, secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideró al respecto que uno de los principales problemas que se debe atender es revertir la discriminación en contra de las personas con discapacidad, que parte de una errónea concepción de victimización y uso de eufemismos con los que se les adjudica una discapacidad total, cuando sólo registran alguna limitación.
“La mayor discriminación que hay es contra personas con alguna discapacidad, por una errónea concepción inventamos torpezas como términos de capacidades diferentes, o decimos es un discapacitado, cuando se trata de personas con una, dos o tres discapacidades, pero tiene otras funciones más desarrolladas que quienes no registran discapacidades”, explicó.
A una persona como discapacitada, agregó, se le nulifican derechos, como en el acceso a la justicia donde personas con limitaciones intelectuales no se les reconoce ninguna capacidad jurídica; sin embargo si bien un juez puede determinar que no pueden ejercer actos de dominio, porque podría malversarse su patrimonio, sí debiera reconocerse que hay actos que puede ejercer plenamente, como contratarse laboralmente, por lo que el Congreso tiene un enorme reto de cambiar la legislación en el país.
En lo anterior coincidió el diputado Madero Muñoz, quien recordó que Gilberto Rincón Gallardo propuso en 2001 la creación de la Convención y colocó a México a la vanguardia en la materia; “sin embargo ahora estamos atrasados, hemos perdido el ímpetu, y como país necesitamos dar un paso cuántico para cubrir esta pérdida en la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.
Ejemplo son las observaciones realizadas por la Convención, y a la cual el Estado mexicano debe dar respuesta en 2018. “Pero vamos tarde”, subrayó, y dijo que México no cuenta con un registro confiable del número de discapacitados ni de su ubicación; por lo que “necesitamos cambiar la visión asistencialista para reconocerlos como personas con derechos plenos”.
En el foro participaron el especialista Robert D. Dinerstein, director de la Clínica de Derecho Derechos de la Discapacidad en el Washington College de la UA Derecho; las magistradas Zulema Mosri Gutiérrez, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Mónica Güicho González, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y Laura Aceves, del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, ; Diana Talavera, directora de Vinculación con Organismos Electorales y de la Sociedad Civil de la Fepade; Carlos Humberto Reyes, coordinador del Programa de Posgrado de Derecho de la UNAM; así como representantes de organizaciones sociales.
---000---
