Número-1306
- El presidente del Senado reconoció que para resolver de fondo la discapacidad la realidad nos ha enseñado que debemos hacer un esfuerzo mayor.
- Nos hemos propuesto proteger a todo aquél que pudiera sufrir discriminación por discapacidad, señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, aseveró que “tenemos una obligación frente a quien tiene una condición de discapacidad; de alentarlo, de ayudarlo, de impulsarlo, de generarle las condiciones para que pueda salir adelante, porque sin lugar a dudas le cuesta más trabajo que al resto de nosotros”.
Durante la presentación del evento “Diferentes pero iguales”, realizada en el Senado de la República, aclaró que esta obligación no sólo es de quienes tienen obligaciones públicas, sino también de quienes han asumido esa causa.
Ante representantes de diversos organismos civiles que se ocupan del tema de la discapacidad, el presidente del Senado pidió actuar de manera conjunta “para hacer efectiva la inclusión y para hacer efectiva la accesibilidad en la construcción de todas las políticas públicas, de todas, de transparencia, rendición de cuentas, acceso al trabajo, acceso a la salud”.
Consideró que del año 2001 a la fecha “estamos viviendo un proceso de transición en materia de discapacidad” al pasar de una situación en que la discapacidad era tema de quienes directamente enfrentaban esa condición, para convertirse en un tema de derechos humanos y políticas públicas.
En ese sentido, reconoció: “Yo diría que los pendientes de política pública se resumen en dos frases: Inclusión efectiva y accesibilidad real. En estas dos frases está nuestra obligación, nuestra misión fundamental desde la construcción de políticas públicas”.
Expuso que para resolver de fondo la discapacidad, la realidad nos ha enseñado que tenemos que hacer un esfuerzo mayor, para garantizar a plenitud el derecho efectivo a la salud, a la inclusión laboral y productiva, al libre desarrollo de la personalidad y “a generar desde el Estado las condiciones materiales para que cada persona que tiene una condición de discapacidad pueda salir adelante, pueda elegir su propio plan de vida y lo pueda llevar a cabo”.
En su turno, la senadora Mariana Gómez del Campo señaló que según el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, no hay una cifra oficial que nos permita saber cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país y su tipo de discapacidad, lo que dificulta que las políticas públicas sean diseñadas acorde a sus necesidades.
Añadió que es aún más difícil formular condiciones sociales, normativas y de infraestructura, que les permitan gozar de sus derechos, a la salud, a la educación o al trabajo. Lamentó que sea una tarea pendiente crear condiciones integrales para erradicar la discriminación, la segregación, y el maltrato físico y psicológico que sufren las personas con capacidades diferentes.
La senadora del Grupo Parlamentario del PAN expresó su preocupación por el hecho de que 31 por ciento de las personas con discapacidad en México no son derechohabientes de algún sistema de salud, de que México tenga sólo 87 médicos con algún tipo de especialidad en materia de síndrome de Down, y que ninguno de ellos labore en el sector público.
Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, señaló que en el Poder Judicial de la Federación “nos hemos propuesto no sólo cumplir, mediante nuestras resoluciones jurisdiccionales, con el mandato constitucional de proteger a todo aquél que pudiera sufrir discriminación por discapacidad”.
Además indicó que han decidido participar activamente, estableciendo una política interna para propiciar las condiciones laborales, el respeto, las facilidades materiales y la inclusión sin distingos para las personas que tienen una discapacidad “de origen”, como a quienes sufren una discapacidad sobrevenida por accidente o enfermedad.
El ministro reconoció que las personas con discapacidad requieren atención especial y específica, por lo que el programa que impulsa en el Poder Judicial se ha fijado tres metas: Garantizar el acceso pleno a la justicia en apego al cumplimiento de las garantías del debido proceso judicial; restituir a las personas en el ejercicio de sus derechos, cuando le han sido violentados; y adoptar acciones encaminadas a garantizar que los recursos disponibles para la justiciabilidad de los derechos sean realmente efectivos en la práctica.
A su vez, la magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, María del Carmen Carrión Castro, reconoció que hay una deuda pendiente con las personas con discapacidad. Dijo que una muestra de ello es que de las diferentes discapacidades previstas en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ahora sólo tenemos consideradas cuatro.
“Para lograr una democracia plena, es necesario reconocer y proteger el ejercicio de los derechos de los grupos que habían sido invisibilizados y excluidos cotidianamente”, señaló.
La senadora Hilda Esthela Flores Escalera reiteró que su “compromiso es permanente con la inclusión social, con la accesibilidad y con las causas de las personas con discapacidad”.
Además, expresó un reconocimiento al Presidente del Senado de la República “porque hay de verdad un gran compromiso de su parte para impulsar cualquier tipo de agenda que tenga que ver con la inclusión social y eso habla también de su gran corazón, de su gran sensibilidad y de su gran calidad humana”.
A pesar de los avances, la periodista Katia D'Artigues advirtió que “seguimos pensando a las personas con síndrome de Down como eternos niños o niñas o angelitos, que no crecen. Seguimos pensando y esto se traduce en políticas públicas, legislaciones y sentencias asistencialistas que en el mejor de los casos, quizá bien intencionadamente pero con un efecto perverso, los aparta en lugar de plenamente incluirlos”.
Pidió a los senadores recordar al titular del Poder Ejecutivo federal que el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis) está acéfalo desde diciembre; y recordarle que firmó una serie de compromisos para personas con discapacidad que hasta ahora no ha cumplido. Añadió que la ONU emitió casi 50 recomendaciones, hace más de un año, al Estado mexicano que no se han cumplido.
A la reunión acudieron otros legisladores, ministros de la SCJN, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, y representantes de organizaciones como Arte Down México A.C., de la empresa Daunis, de la Confederación Mexicana de Organización a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, de Estudios de la Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, de INDEPEDI, de Libre Acceso A.C., de la Asociación Civil Judeo Mexicana para Personas con Necesidad Especial y/o Discapacidades, KADIMA, de Discapacitados Visuales IAP, de la Coalición de Sordos A.C., entre otras organizaciones.
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