Número-1286
- Se debe fortalecer la supervisión laboral y su fuerza jurídica para revisar contratos, horas de trabajo, salarios, multas y sanciones por incumplimiento, señala.
- En su reporte “Jornaleros agrícolas. A un año de la rebelión de San Quintín”, detalla que 80 por ciento de los jornaleros carecen de seguridad social y un contrato escrito.
A un año de la huelga, que hizo visibles las precarias condiciones de trabajo de los jornaleros en el Valle de San Quintín, Baja California, quienes se dedican a esta labor en el país siguen en las mismas condiciones y están entre la población más pobre y explotada del país, por carecer de los más elementales derechos laborales que la Ley establece, señala la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
El IBD señala que debe fortalecerse la supervisión laboral, garantizar condiciones adecuadas para su ejercicio (entre ellas, un número suficiente de supervisores), su especialización por sectores y su fuerza jurídica para revisar la situación de los contratos, horas de trabajo, salarios y otros derechos, así como para aplicar multas y sanciones por incumplimiento.
En el reporte “Jornaleros agrícolas. A un año de la rebelión de San Quintín”, advierte que se necesita una política social con enfoque de derechos, en sustitución de la política puramente asistencial, que debería concentrar sus acciones en el desarrollo de capacidades institucionales para lograr que se respete la ley, no solamente en el caso de los jornaleros agrícolas sino en todo el sector agropecuario.
De otro modo, cuando esa población llegue a la vejez requerirá del apoyo de los programas sociales, pues 80 por ciento carecen de seguridad social, detalla la investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD.
Algo similar ocurre con quienes no tienen un contrato escrito, es decir ocho de cada diez jornaleros, lo que representa el doble de los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios. Por otra parte, en el rubro de los salarios, 18 por ciento de los trabajadores, gana solamente un salario mínimo o menos, lo que contrasta con el 9 por ciento de los trabajadores no agropecuarios en la misma situación.
La mayoría apenas gana dos salarios mínimos al mes, es decir, el 67 por ciento; contra el 41 por ciento de quienes no se dedican a esta actividad.
El reclamo de los jornaleros del Valle de San Quintín en 2015 era, en síntesis, el cumplimiento de las disposiciones constitucionales que obligan al Estado a proteger los derechos de los trabajadores; sin embargo, 2.7 millones de trabajadores del sector agropecuario aún padecen las mismas condiciones que provocaron movilizaciones multitudinarias.
Es decir, no cuentan con seguro social, no reciben un pago justo por su trabajo o no se les retribuyen las horas extras o días festivos, los sindicatos no son reconocidos por los patrones, y establecen tipos de contratación precarios.
Los jornaleros agrícolas son trabajadores del campo desprovistos de propiedad, o bien, campesinos titulares de pequeñas parcelas de temporal cuya producción no les alcanza para el sustento de su familia; trabajan para un patrón a cambio de un pago, ya sea por día (jornal), periodo (salario) o tarea.
Cabe recordar que, el 17 de marzo de 2015, centenares de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California --organizados en la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social-- pararon labores y bloquearon 14 puntos de la carretera transpeninsular. En ese momento, comenzaba la temporada de cosecha de fresas.
El reporte del Instituto Belisario Domínguez, “Jornaleros agrícolas. A un año de la rebelión de San Quintín”, puede consultarse en la dirección electrónica: www.senado.gob.mx/ibd/content/
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