Número-1211
- Sociedad civil es un actor fundamental para prevenir el delito, afirman senadores, funcionarios y representantes de organismos no gubernamentales.
- Deben estar en el centro de las decisiones: Lucero Saldaña Pérez.
Senadores, funcionarios y representantes de organizaciones no gubernamentales consideraron que la sociedad civil es un actor fundamental para prevenir el delito, supervisar y evaluar a las autoridades encargadas de enfrentar a la delincuencia organizada.
En el foro “La sociedad civil ante el crimen y la inseguridad”, que se llevó a cabo en el Senado de la República, también se destacó la necesidad de contar con una ley que apueste al desarrollo y profesionalización de los cuerpos policiacos, que impida la impunidad y la colaboración de estas instituciones con los grupos delincuenciales.
La senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, dijo que en México las organizaciones de la sociedad civil han impulsado acciones para prevenir el delito, vigilar el actuar de las autoridades en el combate al crimen organizado, atención a víctimas y defensa de los derechos humanos.
Por ello, enfatizó, deben estar en el centro de las decisiones que debemos tomar en nuestro país, pues nos enfrentamos a un panorama complejo en el que se han contabilizado, sólo el año pasado, más de 12 mil defunciones por homicidio, sobre todo en entidades como el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México y Jalisco.
El Sistema Nacional de Seguridad, agregó, ha reportado más de un millón y medio de presuntos delitos del fuero común, cometidos en 2015, a cerca de más de 40 mil víctimas, afirmó la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI.
De la misma fracción, el senador Sofío Ramírez Hernández expresó que los ciudadanos aspiran a un país con mayores oportunidades, donde se garanticen el derecho a la integridad y el patrimonio, pero esto “pasa necesariamente porque el Estado mexicano pueda garantizar la seguridad, la paz y la vida”.
Reconoció que los esfuerzos para enfrentar este problema en los tres niveles de gobierno no han sido suficientes y en este escenario es importante la participación de las organizaciones civiles.
Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asentó que “ningún modelo policial va a funcionar si no apostamos al desarrollo de los cuerpos policiacos, a la capacitación, servicio de carrera y ascenso real de los integrantes de las instituciones de seguridad pública”.
Por ello, se establecieron cambios importantes en el subsidio para municipios en materia de seguridad pública, donde se entrega 50 por ciento de los recursos si acreditan la profesionalización de los cuerpos policiacos.
Dijo que el año pasado en México se recibieron un promedio de 90 millones de llamadas de emergencia, de las cuales 75 por ciento fueron falsas. Sólo en enero de este año, se registraron 8.6 millones de solicitudes de auxilio, de las que también 75 por ciento resultaron falsas. Por ello, una de las prioridades es el impulso al número único de emergencia, con un protocolo homologado de actuación de los centros de operación.
En tanto, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que en los últimos 20 años, México vive una crisis de inseguridad, “que por más que tratemos de minimizar es una crisis que no ha constado profundamente y de la que todos los mexicanos somos víctimas”.
Además, dijo, existe “una psicosis y esquizofrenia entre los datos oficiales que nos dicen que vamos muy bien” y la realidad que enfrentan los ciudadanos: “Hay una irresponsabilidad de los gobiernos locales y una falta de rendición de cuentas que no permite construir un diagnóstico y políticas públicas adecuadas para combatir el grave problema que tenemos”.
En este contexto enfatizó que las organizaciones sociales pueden supervisar, evaluar, acompañar y ser un contrapeso a las autoridades que se encargan de la seguridad pública.
Jaime Rochin del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, destacó la importancia de tener presentes de casos como los que se registraron en los municipios de Iguala, Guerrero, y Tierra Blanca, Veracruz, donde el crimen organizado, en complicidad con agentes del Estado, cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Insistió en que existe una propuesta del Presidente de la República en materia de seguridad, que puede ser cuestionable, criticada o modificada, pero “es urgente que no permitamos que siga habiendo esta impunidad y colaboración del crimen organizado con autoridades policiacas a nivel municipal y estatal”, porque hemos visto que hay este patrón se repite en muchas otras entidades.
María Elena Morera, de Causa Común, adelantó que desde la sociedad civil vamos a exigir que el marco jurídico en esta materia no contemple sólo al mando único policiaco, porque lo que necesitamos son instituciones de seguridad que les sirvan a los ciudadanos.
“El mando único es un tema gerencial, que es importante sí, pero no es la base ni el fundamento para construir una nueva ley. El fundamento es cómo la policía le va a servir a los ciudadanos y cómo vamos construir esas instituciones en las que los policías realmente puedan tener una carrera de vida”, asentó.
Antonio Mazzitelli, representante de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirmó que “no se puede luchar contra el crimen organizado o la ilegalidad sin una movilización sincera, organizada, de mediano y largo plazo de la sociedad civil, de la comunidad, de los que viven y cuidan el territorio”.
Por ello, se requiere garantizar su participación y que “tenga una voz siempre más relevante y más escuchada”, a través de los mecanismos que impulsen la denuncia responsable, colectiva y respaldada por medidas de protección establecidas a nivel legislativo.
En este sentido propuso fortalecer la ley para proteger a testigos y colaboradores de la justicia, así como a los observatorios para monitorear la implementación de las políticas de seguridad por parte de las instituciones de seguridad
Por último, Jorge Carlos Díaz Cuervo, director general de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, citó que en los “Diálogos por la seguridad ciudadana”, que se llevaron a cabo entre 2014 y 2015, se concluyó que la confianza de la sociedad en las instituciones públicas está siendo erosionada para hacer frente a estos desafíos”.
Además, mencionó, el aumento de los de los índices de violencia y la inseguridad están minando las trayectorias de crecimiento económico regional y los gobiernos están siendo socavados por la delincuencia organizada e interpersonal comprometiéndose de esta manera los derechos humanos fundamentales.
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