Número-1176
- Coinciden en la creación de un mecanismo nacional de búsqueda, la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, reparación del daño y registro único.
- Migrantes centroamericanos deben estar incluidos en la dictaminación de la ley, piden organizaciones.
Familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil demandaron a los senadores de distintas comisiones legislativas que en la elaboración de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas no se minimice la crisis humanitaria que viven familiares de 27 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales.
Durante las mesas de trabajo de las “Audiencias públicas regionales sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas”, que se realizan en Villahermosa, Tabasco, coincidieron que la ley no debe hablar de personas “no localizadas”, sino desaparecidas, además de que este delito no debe prescribir, además tocaron temas como los derechos de las víctimas, la reparación del daño y la creación de un solo registro de sus familiares.
“No queremos medidas aisladas sino un sistema nacional de búsqueda”, aseguró la señora Maricela Orozco, familiar de un joven desaparecido en Veracruz, al tiempo que denunció los malos tratos e ineficacia en que han incurrido las autoridades en el proceso de denuncia y búsqueda.
Ante los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Yunes Márquez y Angélica de la Peña Gómez; Anabella Orozco, hermana de una migrante desaparecida, pidió constituir un mecanismo de búsqueda en el que se incluya a migrantes centroamericanos que desaparecen en su paso por México para llegar a Estados Unidos.
En muchos casos las autoridades migratorias son las que están vinculadas con el crimen organizado y son las responsables de los malos tratos. “Cuando pasamos en este país todo es muerte, nosotros solo queremos pasar para hacer realidad nuestro sueño americano”, dijo.
Recordó que en la ruta migratoria que atraviesa varios estados del país, hay presencia de organizaciones del crimen organizado que secuestran a los centroamericanos para trabajar de manera forzada, y que en muchas ocasiones pierden la vida o no cruzan la frontera porque se quedan en el desierto.
Por su parte, familiares de víctimas desaparecidas en Veracruz, criticaron la “insensibilidad” del gobernador y de las instancias estatales, pues a decir de ellos “la policía está comprometida con la delincuencia, y desaparecen a sus familiares con falsos operativos y falsos retenes”.
Para Karla Pérez, quien denunció el secuestro de su esposo desde marzo de 2004 en esa entidad, debe haber un mecanismo de coordinación para la búsqueda de personas. Además, subrayó la importancia de modificar el hecho de que la declaración de desaparecido no sea hasta que se cumplan 72 horas, ya que las primeras 24 son cruciales para conocer el paradero de la víctima.
En Veracruz son los policías los que participan en los secuestros, y “la búsqueda ciudadana es la más exitosa, pero las más peligrosa”, señaló.
Los familiares de las víctimas consideraron que el sistema debe ser un eje articulado y ejecutor de una política de búsqueda de personas, donde dé cabida a todas las dependencias de salud, seguridad y justica, apoyadas por las compañías telefónicas y el sector bancario.
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