Número-1174
- Plantean aumentar hasta a 20 años las inhabilitaciones para ocupar un cargo público, en casos que involucren a servidores públicos.
- Se necesita crear un sistema anticorrupción “a prueba de balas”, subraya el senador Armando Ríos Piter.
Senadores y contralores internos de diferentes entidades federativas participaron en los Foros en materia anticorrupción, convocados por las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, y propusieron que sean más severas las sanciones para los funcionarios que incurran en actos de corrupción.
También, plantean la creación de comités ciudadanos, con cargos honoríficos, que se encarguen de evaluar el Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras propuestas que se debatieron.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que quienes incurren en este delito actúan con una base de impunidad y en redes de corrupción, por lo que dijo que es necesario que se considere como crimen organizado cuando participan más de tres personas para cometer actos de corrupción.
La senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que se tiene que ser muy preciso al momento de definir los tipos penales y las conductas que se van a sancionar, con el objetivo de que los ordenamientos queden de una manera sistematizada, articulada y organizada.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Armando Ríos Piter, comentó que se necesita crear un sistema anticorrupción “a prueba de balas” y asegurarse de que no se dejen posibilidades o facilidades en la ley para evitar que los delincuentes se escabullan.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, senador Pablo Escudero Morales, preguntó sobre la manera en que se debe actuar respecto con los servidores públicos, después de que la contraloría interna de alguna institución integre el expediente de auditoría en su contra.
Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, dijo que la finalidad es tener una política de prevención y los elementos necesarios para sancionarlos, y no llenar las cárceles de delincuentes o los tribunales de instrucciones administrativas.
José Gabriel Rosillo Iglesias, contralor de San Luis Potosí, propuso la creación de un comité de participación ciudadana para el Sistema Nacional Anticorrupción, con ciudadanos de perfiles altamente técnicos, para evaluar con objetividad y eficacia su funcionamiento.
Además, deberá configurarse de la siguiente manera: con procesos de selección que garanticen probidad e imparcialidad de los integrantes; con convocatoria abierta; cargos honoríficos; temporalidad de cuatro años; contar con la posibilidad de contratar personal técnico indispensable; funcionar como observatorio del funcionamiento del sistema; y ser receptores de reportes con fines evaluativos.
Miguel Ángel Murillo Aispuro, contralor general de Sonora, consideró fundamental que se contemple incrementar estrategias destinadas al uso de inteligencia en la sistematización del flujo de la información entre entidades federales y estatales.
Además, se debe aumentar la severidad en las inhabilitaciones a funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción, y mayor facilidad para imponer las sanciones, que podrían elevarse de 10 a 20 años; y subrayó que en Europa se proponen hasta 30 años de inhabilitación.
Lucina Tamayo Barrios, secretaria de la Contraloría Interna de Tabasco, dijo que con el Sistema Nacional Anticorrupción se sentarán las bases jurídicas para avanzar en la modernización de las actividades que como gobierno se deben realizar ante los ciudadanos.
Advirtió que es necesario promover en todas las dependencias y entidades de la administración pública la creación de los órdenes de control interno; evaluar el ingreso y permanencia de los funcionarios que los conformen; la permanente capacitación de esos servidores públicos; y garantizar el servicio profesional de los funcionarios de los entes fiscalizadores.
En tanto, la representante de la contraloría de Tamaulipas, Gilda Cavazos Lliteras, dijo que es necesario determinar claramente las atribuciones de los órganos estatales de control, por lo que propuso establecer claramente en las leyes secundarias, el concepto de “grave”, con el objeto de identificar aquellas irregularidades que le corresponderían a estos.
Asimismo, señaló que se debe plantear como competencia de los órganos de control, el acceso a la información a las cuentas bancarias de los servidores públicos, ya que en el tema de enriquecimiento ilícito, no tienen competencia jurídica para solicitar a las instituciones bancarias información de este tipo, “motivo por el cual las declaraciones patrimoniales pueden ser verificadas de manera muy limitada”.
El contralor de Yucatán, Miguel Antonio Fernández Vargas, aseguró que en su entidad se han privilegiado las acciones del fortalecimiento del control interno, con el objeto de proporcionar una seguridad razonable a los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos de corrupción.
Indicó que como parte de los trabajos de mejora continua en materia de control interno en la entidad, estableció un sistema de control interno que permita lograr una mayor eficacia en la administración de los recursos del Estado y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
Con esta mesa de trabajo concluyeron los Foros en Materia Anticorrupción, donde se analizaron propuestas para las leyes secundarias en la materia, y que se realizaron desde el lunes 22 de febrero y hasta este jueves en el Senado de la República.
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