Número-1157
- En el Foro en materia anticorrupción, funcionarios y miembros de organizaciones civiles intercambiaron propuestas durante el debate.
- La próxima semana se presentarán iniciativas de ley general del sistema, de responsabilidades, del tribunal fiscal, de fiscalización y de administración pública.
La ley anticorrupción debe fortalecer la participación ciudadana y fomentar la prevención, señalan funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y miembros de organizaciones civiles en el Foro en Materia Anticorrupción, convocado por las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.
El senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, dijo que la próxima semana presentará las iniciativas de ley general del sistema, ley general de responsabilidades, ley del tribunal fiscal, ley de fiscalización y ley de administración pública.
Explicó que hay 85 por ciento de coincidencias en el paquete de leyes, “derivado de eso empezaremos con los puntos finos y los rebotes buscando otro acercamiento, hasta llegar a cierto punto en que la resolución tiene que darse en el Pleno de las comisiones, para luego poder ir al Pleno del Senado”, comentó.
El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que la idea de crear un sistema nacional es para establecer las normas generales que regirán a escala nacional, es decir, las normas mínimas a las que tendrán que sujetarse todos los órdenes de gobierno.
Señaló que se debe retomar la experiencia del Sistema Nacional de Transparencia, y las facultades que se le dieron en la reforma constitucional y la ley general al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estableciendo la facultad de atracción o la segunda instancia.
Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, dijo que el reto principal es garantizar el funcionamiento de las responsabilidades de los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, que cumplan con su trabajo las contralorías municipales, porque actualmente no sucede.
Además, el Congreso debe trazar una hoja de ruta, no sólo de las medidas legislativas sino también la ruta administrativa, presupuestaria y política para que se obtengan buenos resultados. También señaló que el control y sanción en materia electoral debería estar interconectado o ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, porque la corrupción que existe en el financiamiento de las campañas políticas es el antecedente de la corrupción en la gestión de los gobiernos, comentó.
Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), explicó que la prevención necesita una campaña permanente de información para que el ciudadano tenga conocimiento de los mecanismos y canales para evitar la corrupción.
Un fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en todos los niveles de gobierno también es necesario, mediante el diseño de un mecanismo de participación en la implementación de los diferentes componentes de la reforma, a escala territorial, especificó.
Haydee Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, dijo que se debe plantear una ruta de trabajo legislativo, para canalizar la participación ciudadana y la inteligencia colectiva en el paquete de leyes que incidirán en el Sistema Nacional Anticorrupción y que se discutirán en el Congreso,
Dijo que los canales de participación ciudadana deben ser reforzados, porque los que existen actualmente no son sustantivos, ni efectivos, y no protegen la identidad de los denunciantes. Además, dijo que no existe un plazo para que haya una armonización de las entidades federativas, una vez aprobada la ley general.
Marco Antonio Fernández, de México Evalúa, señaló que hacen falta piezas legislativas complementarias, como la ley general de archivos, para que se tenga los documentos necesarios que forman parte de las investigaciones de casos de corrupción.
Dijo que la prevención no va a servir de nada si no va acompañado del combate a la impunidad, y éste tiene que ver con el profesionalismo de las instancias encargadas de operar el sistema nacional anticorrupción.
Ana Laura Magaloni, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que un sistema anticorrupción es más amplio que la persecución y sanción de los funcionarios corruptos, pero tampoco hay un sistema que funcione.
Lo ideal es la prevención, “pero de aquí a que la prevención pueda construir un discurso visible para el ciudadano, me parece que hace falta”, dijo. Además se tiene que reconocer a los ciudadanos como víctimas de los delitos de corrupción, para dotarlos de derechos, como el de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del ministerio público en las investigaciones de los delitos.
Alejandro Chávez Flores, visitador general de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que el primer tema que debería analizarse es el relacionado con la regulación de las contrataciones públicas, a fin de perfeccionar el marco jurídico para reducir los espacios de discrecionalidad en el otorgamiento de contratos o concesiones.
En ese sentido, se debería crear un órgano regulador de la política de contrataciones federales, que monitoree permanentemente el sistema de compras gubernamentales y detecte prácticas susceptibles de ser perfeccionadas.
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