Número-1132
- Dicho periodo debe ser completo y podrá ser prorrogable en caso de no estar en posibilidad de trabajar a causa del embarazo o parto.
- Las condiciones establecidas en la Constitución Política para las embarazadas del sector privado y público tienen “diferencias discriminatorias”.
El senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución Política, para ampliar de seis a siete semanas anteriores y posteriores al parto, el descanso del que podrán gozar las mujeres trabajadoras embarazadas, y para puntualizar que este periodo se dará completo, y se prorrogará por el tiempo necesario, en caso de encontrarse imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto.
Esto, con el propósito de garantizar la salud de las madres trabajadoras y del producto de la concepción durante los periodos de gravidez y postparto, conforme a los estándares internacionales.
El legislador subrayó que se pretende implantar la licencia por maternidad y prestar amparo especial a la mujer durante el embarazo, de acuerdo al estándar internacional que señala que la garantía de disfrutar de un descanso obligatorio con goce de salario es de 14 semanas, a fin de salvaguardar la protección social a la maternidad y preservar la salud de la mujer y del producto de la concepción.
Casillas Romero destacó que los plazos establecidos en la Constitución para las mujeres embarazadas tanto del servicio privado como público, discrepan entre sí, “con diferencias hasta discriminatorias entre una trabajadora de la iniciativa privada y una del servicio público”, pues la primera sólo gozaría de un descanso de 84 días y la segunda lo tiene como un descanso de 90 días.
No obstante, especificó que a pesar de que se trata de un mismo caso y de que debiera tener un tratamiento similar, ambos casos se encuentran por debajo de las 14 semanas de descanso previstas para el estándar internacional, que equivaldrían a 98 días de descanso.
Por ello, aseguró, es necesario tomar las medidas legislativas que permitan homologar el tratamiento entre ambos supuestos, y homologarlo al estándar internacional deseable. Es una necesidad imperante, porque más que una incapacidad, es un derecho de protección a la salud de la mujer y del producto de la concepción, agregó.
Esto, si se le añade la condición de un parto que ocurre de manera prematura, en cuyo caso se trata de un alumbramiento anticipado que implica mayores cuidados y riesgos.
El senador Jesús Casillas presentó la iniciativa a nombre propio y del senador Carlos Romero Deschamps, también del Grupo Parlamentario del PRI, y fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda.
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