Número-1112
- México deportó 150 mil migrantes provenientes del Salvador, Guatemala y Honduras en 2015.
- Niñas, niños y adolescentes, el sector más vulnerable de la migración.
En la última mesa de análisis del Foro de Presidentes y Presidentas Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel), parlamentarios manifestaron la necesidad de impulsar políticas para la protección de los migrantes en esta región, enfocadas a respetar sus derechos humanos y promover una migración ordenada y segura.
Al respecto, la senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo las políticas migratorias se han centrado más en la vigilancia que en la protección de los derechos humanos; no obstante a ello, no ha disminuido la migración de las personas.
Indicó que, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante los primeros siete meses de 2015, la patrulla fronteriza detuvo a 85 mil 131 migrantes no mexicanos en su frontera sur, quienes en su gran mayoría provenían de Centroamérica.
Por su parte, el gobierno mexicano en el mismo periodo de tiempo contabilizó 92 mil 889 eventos de detención de centroamericanos; es decir casi 8 mil migrantes más que la patrulla fronteriza, siendo los niños, niñas y adolescentes los más vulnerables, agregó.
Refirió que el gobierno de México deportó 150 mil migrantes provenientes del Salvador, Guatemala y Honduras, lo que representa un aumento de 44 por ciento en comparación con 2014. Asimismo, en 2015 se expidieron 106 tarjetas de visitantes por razones humanitarias.
Advirtió que el endurecimiento de los controles migratorios aumenta la vulnerabilidad de los migrantes, porque los obliga a ir por caminos más peligrosos, y a buscar la oscuridad para no volver ser detenidos, de ahí, la necesidad de generar políticas públicas enfocadas a garantizar la protección de los derechos humanos y la regularización migratoria.
Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, directora general para América Latina y El Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los flujos migratorios en la región se han incrementado, lo que representa un reto significativo para los países que son de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Destacó que nuestro país promueve una migración regular, ordenada y segura, además de que ha desarrollado protocolos con apoyo de organismos internacionales para atender a los menores migrantes no acompañados con necesidades de protección internacional.
Refirió que en México en el último año se han atendido a más de 70 mil menores migrantes no acompañados y el tiempo de su permanencia en estaciones migratorias se ha reducido a un promedio de 7 a 10 días.
Asimismo, dijo, que se han impulsado programas de regularización y mencionó que en 2015 se entregaron cuatro mil 878 tarjetas de residentes permanentes, principalmente a migrantes que provienen del Triángulo Norte de Centroamérica.
El diputado guatemalteco Mario Taracena, presidente del Foprel, explicó que en su país se aplican leyes para sensibilizar a las autoridades, medios de comunicación, organizaciones civiles y a la sociedad en general, sobre la forma de atender el fenómeno de la migración.
Reconoció el cambio de política migratoria de Estados Unidos, pues ahora impulsa un plan de prosperidad para invertir en Centroamérica 750 millones de dólares para ofrecer oportunidades a los habitantes de esta región y evitar que migren a otros países; es un gran cambio de política, apuntó.
A su vez, Iris Montenegro, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua, comentó que es fundamental hacer propuestas claras para crear legislaciones que permitan atender el fenómeno de la migración de manera urgente y con un enfoque de derechos humanos.
Rafael Ortiz Fabrega, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, expresó que la lucha contra la explotación de migrantes y las redes de criminales que se dedican al tráfico y trata de personas debe ser un objetivo común de todos los países.
Dijo que el gobierno de Costa Rica reconoce el aporte de las personas migrantes y refugiados a su nación, por lo que impulsa leyes que garanticen el absoluto respeto a sus derechos humanos como principio rector, además de que promueve una movilidad ordena, documentada y segura.
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