Número-1089
- Con ello, se fortalecen las condiciones de equidad entre el fisco y los contribuyentes, afirma senador Sánchez Navarro.
- Consideró necesario apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios.
El senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro presentó una iniciativa para mejorar las condiciones de equidad en el proceso contencioso administrativo y apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, así como a todos los que cumplen con la obligación de contribuir al gasto público de México.
Ante el Pleno de la Cámara de Senadores, el legislador del Grupo Parlamentario del PAN propuso que cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) resuelva la nulidad lisa y llana de un acto, pueda, en la misma sentencia, ordenar la devolución de los gastos de ejecución realizados por el demandante.
Dijo que, actualmente, cuando los demandantes obtienen una sentencia a su favor y solicitan la devolución de los gastos de ejecución, el TFJFA no puede expresarse al respecto pues ésta posibilidad no se encuentra prevista como uno de los efectos de la sentencia en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
En este sentido, enfatizó Fernández Sánchez Navarro, se debe corregir este vacío legal para garantizar su correcta aplicación por los juzgadores, y procurar la equidad entre la autoridad fiscal y los contribuyentes.
Por ello, planteó adicionar el inciso e) a la fracción V del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que al declarar la nulidad de la resolución impugnada se pueda “condenar a la devolución de los gastos de ejecución erogados por el demandante, con motivo del acto administrativo declarado nulo”.
“Lo que intentamos resolver son esos casos donde el contribuyente obtiene una sentencia a favor pero subsiste una afectación en su patrimonio, ya que tuvo que pagar gastos de ejecución que no tienen razón de ser, una vez que es declarado nulo, por lo que se propone la devolución de éstos al contribuyente”, aclaró.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondencia.
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