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En este sentido, solicitó al procurador general de la República, así como a los titulares de Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, del Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia que realicen acciones prontas y efectivas para evitar y sancionar la trata de niñas y niños centroamericanos en la frontera sur.
Los senadores pidieron atender el problema de la explotación sexual de niñas centroamericanas, resolver la situación migratoria de menores, así como proteger a víctimas y testigos, respetar los derechos y garantizar el acceso a los servicios de salud, educación y alimentación de los infantes.
Además, requirieron del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un reporte sobre la trata de niñas y niños centroamericanos en la frontera sur y exhortaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para que considere a la trata de menores centroamericanos en la frontera sur una de sus prioridades.
El punto de acuerdo fue considerado de urgente resolución a propuesta del senador perredista José Luis García Zalvidea.
En América Central y el Caribe, expuso el legislador, aumentó el tráfico y trata de mujeres, niñas y niños para explotación sexual, con características y retos diferentes que deben considerarse al diseñar estrategias públicas para combatirla.
Sin embargo, asentó, “hay pocas cifras oficiales y no son notables los esfuerzos gubernamentales en la materia, particularmente para proteger a niñas y niños centroamericanos que radican en los estados del sur de nuestra frontera”.
Refirió que recientemente diversos periódicos consignaron la grave explotación sexual y laboral que sufren un buen número de niñas y niños guatemaltecos que viven en la frontera sur del país.
En un reportaje, agregó, se señala la venta de menores por cantidades que van de los tres mil a los cinco mil pesos.
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