Numero-1023
- Es mejor que el mercado de cannabis esté bajo el control del gobierno, que de la delincuencia organizada, consideró el doctor Camacho Solís
- Debe evitarse un manejo discrecional de la ley que ponga en riesgo a médicos de ser condenados a prisión, apuntó Madrazo Lajous
El Congreso de la Unión mantendrá la apertura con diversos sectores de la sociedad, y el compromiso de realizar a la brevedad los cambios legislativos pertinentes sobre el uso y consumo de la mariguana, afirmó el senador Salvador López Brito, integrante de la Comisión de Salud, al participar en las Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Mariguana.
“Los legisladores entramos en un análisis muy reflexivo e intercambio de conocimientos, experiencias y criterios con la ciudadanía, docencia e investigadores, que nos permita en pronto tiempo valorar los cambios legislativos que necesita este tema en el México que vivimos en estos tiempos”, puntualizó López Brito, al moderar la mesa “Regulación en relación al control sanitario”.
Ante la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña Gómez, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, parlamentarios, especialistas y representantes de organizaciones sociales, López Brito celebró que diputados y senadores vayan de la mano en este análisis para lograr una marco legal en beneficio de la población.
Rafael Camacho Solís, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), se pronunció en contra de que el debate se centre en una visión de negocio o empresarial, pues ello representa el riesgo, acotó, de que haya “empresas que promuevan las drogas, parecidas a las tabacaleras, que llegan a ser tan poderosas que pueden inhibir a los gobiernos en la toma de decisiones”.
Esto porque el objetivo de la visión meramente comercial se centra únicamente en la obtención de utilidades, a partir de la venta de la mayor cantidad de producto, lo que derivaría en la búsqueda de más clientes, entre estos, adolescentes.
Por ello, sostuvo el especialista, la nueva legislación debe tener una visión de salud pública que mantenga la tarea de erradicar el consumo de sustancias psicoadictivas, con respeto a los derechos humanos, a partir de la prevención, sobre todo en el consumo de adolescentes, para evitar lesiones en su desarrollo cerebral, lo que está comprobado científicamente, así como con servicios efectivos de apoyo para quienes deseen dejar el uso de cannabis, tal como ocurre con el alcohol o el tabaco.
Camacho Solís fue enfático en la necesidad de concretar una nueva legislación: “Los que promueven y protegen que se mantenga la prohibición de la mariguana, favorecen a la delincuencia organizada para que siga controlado en mercado negro. Yo prefiero que lo controle el gobierno, aunque lo controle mal, a que lo controle la delincuencia y el narco”.
Propuso que el Estado aplique este control a través de licencias, permisos, reportes, acciones de vigilancia y control sanitario, sobre la producción, transporte, almacenaje, procesamiento y venta de la planta.
Alejandro Madrazo Lajous, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió en lo anterior, al puntualizar que se requiere un marco jurídico claro y sin ambigüedades, a fin de evitar que autoridades como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o la Procuraduría General de la República (PGR) puedan hacer un uso discrecional de la ley en contra de los consumidores, e incluso de los médicos que han recetado cannabidiol, también conocido como CBD.
“Lo anterior genera una terrible incertidumbre para que la gente ejerza sus derechos, porque los médicos que firmaron las recetas que sirvieron de base para las importaciones del CBD, a discreción de la PGR, están en riesgo de que se les persiga penalmente y se les sancione con 10 a 25 años de prisión, porque violaron el artículo 194 fracción primera del Código Penal, porque se recetó un estupefaciente”, refirió.
Se pronunció por anteponer un control sanitario, por encima de acciones militares y policiacas. Argumentar que se pretende proteger la salud de la población es condenar a los consumidores a mayores riesgos dentro de las prisiones, aseguró. “Con todas las deficiencias de los centros de atención a las adicciones, yo prefiero que los consumidores estén expuestos a ese mal servicio de salud, que al catastrófico sistema de policías. No se vale seguir criminalizando a los consumidores en nombre de su salud. Ya basta”, concluyó.
El comisionado de Fomento Sanitario de la Cofepris, Leonardo Méndez Solís, expuso que el sistema regulatorio señala que actualmente no hay en México antecedentes, registros sanitarios, ni la documentación científica suficiente sobre beneficios de la mariguana para la salud.
Por tanto la cannabis es considerada por esta dependencia como una molécula nueva y, acorde al artículo 102 de la Ley General de Salud, antes de permitirse su uso medicinal debe someterse a un proceso de “solicitud de autorización de protocolos de investigación”, que involucra la investigación de sus efectos en seres humanos o muestras biológicas de estos.
Los resultados habrán de ser sometidos a consideración del panel de expertos del Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris, para la presentación de nuevos productos con fines de registro y la información relacionada con el proceso de “solicitud de registro de Comisiones de Investigación, Ética y Bioseguridad”.
En cuanto a las recientes autorizaciones de fármacos con CBD, el funcionario sostuvo que se trata de fármacos con cannabinoides sintetizados y no del uso directo de la planta. Es decir, se trata de “una excepción porque no están en las prohibiciones expresas de la Ley General de Salud”.
