Número-979
- Vivir en el reino de las libertades personales absolutas es una falacia, advierte senadora María Elena Barrera Tapia.
- Si se descriminaliza, pero se prohíbe su comercio, los narcotraficantes seguirán vendiéndola, afirma académico de la UNAM; intereses financieros están detrás de su legalización, considera INSP.
En la mesa de análisis sobre los “Efectos de la marihuana en la salud del consumidor y en la salud pública”, senadoras, académicos y especialistas confrontaron sus posturas respecto a los alcances de la regulación de esta droga.
La senadora María Elena Barrera Tapia, secretaria de la Mesa Directiva, dijo que todos los grupos parlamentarios están convencidos de que es un tema al que se le debe dar prioridad, no sólo por su complejidad sino también porque no puede determinarse en parámetros judiciales y porque la realidad mexicana así lo exige.
Pero, agregó la legisladora del PVEM, la discusión sobre el derecho humano que tiene la gente a consumir marihuana o a cualquier otro tipo de estupefaciente “ha sido superada” con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el libre desarrollo de la personalidad.
No obstante, consideró, “vivir en el reino de las libertades personales absolutas es una falacia, que podría justificar el suicidio o la eutanasia y, como se ha abordado en otras mesas, el uso de otras drogas y estupefacientes también se encuentra amparado bajo el libre desarrollo de la personalidad”.
Dijo que no se puede hablar de la salud de los consumidores de marihuana sin abordarlo como un tema de implicaciones públicas, porque cualquier daño a la integridad del individuo puede generar un daño a toda la sociedad.
Barrera Tapia destacó que el consumo de marihuana está relacionado con la disminución del tamaño de las neuronas, muerte celular y fragmentación del ADN en el hipocampo, con repercusiones cognitivas y conductuales. Además, dijo, fumarla produce 20 veces más el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, en comparación con el tabaco.
Subrayó que los jóvenes son los más afectados por el uso de cannabis, pues, si se consume en la adolescencia puede significar la pérdida promedio de ocho puntos de coeficiente intelectual, y los que llegan a consumirla, son trece veces más propensos a utilizar drogas más peligrosas como cocaína, heroína o metanfetaminas.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar, aseguró que el Estado debe ejercer controles sobre este tipo de substancias y no dejarlo únicamente a las leyes del mercado, como sucede en otras experiencias internacionales.
Regular una sustancia como el cannabis conlleva un proceso integral de planeación en el que se deben tomar en cuenta todos los factores alrededor de su uso, tanto el aspecto benéfico como el potencialmente dañino, por lo que se debe realizar una regulación eficaz, en contraste con la existente en temas como el alcohol y tabaco, expresó.
En este sentido, apuntó que el principal reto es la implicación que tiene para el Estado mexicano regular el uso de la marihuana, pues va desde un costoso impacto presupuestal hasta la generación de programas y políticas públicas de salud, y capacidades técnicas y de personal para poder aceptar este desafío.
Advirtió que para que una política pública sea eficaz debe contar con indicadores y metas precisas a corto, mediano y largo plazo, así como con evaluaciones constantes de los avances y la calidad de su implementación, con lo que se permite corregir cuando sea necesario y evitar errores en medida de lo posible.
Dijo que es indispensable revisar tanto el daño al consumidor como el impacto en la salud pública que implica el uso de marihuana.
En el debate, Ricardo Tapia, experto en neuropatología molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que los datos sobre el daño que produce la marihuana a la salud se han exagerado e interpretado de manera incorrecta.
Dijo que no hay casos que demuestren que la utilización de cannabis, aún con una sobredosis, haya producido la pérdida de una vida, en contraste con el tabaco que provocó, en 2011, 480 mil muertes, el alcohol 26 mil y los analgésicos 17 mil. Tampoco, agregó, hay evidencia conclusiva de que la planta cause cáncer en humanos, incluyendo los cánceres relacionados con el uso del tabaco.
Argumentó que de acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la prohibición del consumo personal de marihuana con fines lúdicos es inconstitucional, por lo que solicitó a los legisladores que ya no se discuta si se legaliza o no, sino que se regule su uso y deje de prohibirse.
La legislación vigente, consideró, es absolutamente contradictoria y absurda, porque los consumidores pueden portar cinco gramos de cannabis, pero no la pueden comprar, vender ni cultivarla; en este sentido, la sentencia es un enorme avance para corregir la grave situación en la que se encuentra el país, pues de acuerdo a sus conclusiones debe despenalizarse y regularse su uso.
“Si se descriminaliza, pero se prohíbe su comercio y por tanto no se regula, estaremos en la peor situación: los narcotraficantes serán los que la seguirán vendiendo”, advirtió.
Gady Zabicky Sirot, psiquiatra y adictólogo de la UNAM, expresó que el clamor popular demanda liberar el uso de la planta con fines medicinales, pero también terminar con la guerra contra las drogas, que es en contra de los consumidores, “en contra de la gente, porque deriva en arrestos, privación de libertad y vidas destruidas”.
Reiteró que “no existe, en ningún lugar de los anales de la historia de la medicina, una muerte causada por cannabis y eso no podemos decir de ningún otro fármaco”. Se trata, enfatizó, de un problema de derechos humanos, de elección y de libertades, sobre el que ha iniciado un diálogo que no parte de cero y en el que la utilización de la marihuana con fines medicinales es una realidad.
En contraste, Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, aseguró que no hay evidencias para afirmar que la marihuana no causa cáncer de pulmón, pues contiene compuestos carcinogénicos, por lo que “decir eso no es apropiado”.
Destacó que estudios científicos han demostrado los efectos negativos que el consumo de esta droga tiene sobre la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables. “La legalización de uso médico es un concepto que me parece muy peligroso para México”, subrayó.
Dijo que en caso de legalizarla tendría que haber una regulación del mercado y crear una industria sin fines de lucro con objetivos de salud pública, pero “esto es muy complicado porque lo que está detrás son los intereses financieros y eso no lo podemos negar”.
Asimismo, consideró importante monitorear la prevalencia de consumo en jóvenes y en la población vulnerable, a efecto de imponer controles y multas para mantener los objetivos en salud.
En su turno, Herminia Pasantes Ordoñez, experta en neurodesarrollo y fisióloga de la UNAM, hizo un exhorto a proteger a los adolescentes del abandono social, del bullying, la violencia intrafamiliar, de la mala nutrición, del uso de drogas legales o ilegales y del acceso a éstas por la vía criminal, así como de la policía y del Ministerio Público.
Dijo que es obligación de las autoridades informar a la población de los riesgos de los usos de las drogas legales e ilegales y tratar el problema de las adicciones como un problema de salud pública y no como uno de delincuencia.
Por último, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos subrayó la oportunidad para realizar un trabajo serio, pues a partir del amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuatro personas para el uso de la marihuana, los legisladores deben tratar el tema.
La legisladora del PRD, también destacó la importancia de los foros que realiza el gobierno en la materia, ya que su participación, decisión y voluntad política es trascendental para lo que se va a realizar en el Senado.
En las Audiencias Públicas para la Alternativa de Regulación de la Marihuana también participaron la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez y el diputado federal Elías Octavio Íñiguez Mejía, presidentes de las comisiones de Salud del Congreso, así como integrantes del Consejo Técnico para las Audiencias.
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