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Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron en lo general un dictamen que reforma la Constitución, a efecto de establecer que los servidores públicos que gozan de inmunidad puedan ser sujetos de proceso penal como cualquier otro ciudadano.
En este sentido, los senadores explicaron que en tanto se lleve a cabo el proceso penal, los servidores públicos podrán seguir en su cargo, mientras que las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad.
Indicaron que cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, él mismo solicitará a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad para que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente.
Sin embargo, aclararon que la colegisladora no producirá dictamen previo alguno y resolverá con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes sobre el pedimento judicial dentro de los diez días hábiles a partir de la presentación de éste y con audiencia del servidor público.
Por otro lado, expusieron que el auto de vinculación a proceso podrá ser recurrido directa y exclusivamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dictará la resolución correspondiente con carácter de inatacable.
También, acordaron que se aplique el mismo procedimiento al presidente de la República.
Para ello, instituyeron a la colegisladora como cámara de origen para resolver sobre el pedido judicial, mientras que el Senado fungirá como el órgano revisor que adoptará su decisión dentro de diez días hábiles.
Ello, a partir de que hubiera recibido el proyecto de retiro de inmunidad al Ejecutivo federal de parte de los diputados.
Sin embargo, para que el Senado apruebe el retiro de la inmunidad y la separación del cargo, será necesaria una mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, precisaron.
De igual forma, se aplicará el mismo procedimiento para gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, miembros de los consejos de las judicaturas locales, magistrados electorales e integrantes de los órganos superiores de dirección de los organismos electorales de las entidades federativas.
Lo anterior, cuando alguno de ellos sea sometido a un proceso penal por la comisión de delitos federales, pero la resolución de la Cámara de Diputados se comunicará a la correspondiente legislatura local.
También, los integrantes de estos órganos de trabajo refirieron que las declaraciones y resoluciones de las cámaras del Congreso son inatacables, por lo que tampoco procederá ninguna suspensión judicial o parlamentaria contra la realización de las sesiones en que se vote sobre el retiro de la inmunidad.
Al respecto, el senador priista Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que estamos ante un dictamen de “corte histórico” porque se tiene la oportunidad de hacer una reforma largamente demanda por la sociedad y anhelada por muchos legisladores.
Consideró que con estas enmiendas se moderniza y actualiza el sistema de inmunidad de la República.
Por Acción Nacional, el senador Alejandro González Alcocer mencionó que se da un paso hacia delante para cambiar la percepción de la ciudadanía hacia los funcionarios públicos y combatir el abuso “de lo que se ha cometido, a veces, con la inmunidad constitucional”.
En este sentido, resaltó que es importante sujetar a los funcionarios públicos a procesos sin ser encarcelados, ya que se estaría dando una protección a la función que éste desempeña.
En tanto, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez señaló que se trata de pasar de un sistema, en el que altos servidores públicos de la nación tienen inmunidad procesal, a uno donde se les aplique una inmunidad sólo en cuanto a su libertad como miembros de un poder u órgano del Estado.
Tiene que ver --precisó-- con el funcionamiento de las instituciones y la posibilidad de que el poder público cuente con la capacidad de asumir sus facultades constitucionales sin la posible irrupción de las autoridades.
Por último, los senadores Sergio Álvarez Mata, del PAN, y Tomás Torres Mercado, del PRD, hicieron varias reservas a los artículos 111 y 112 del proyecto para ser discutidas en lo particular en la próxima sesión de las comisiones.
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