Número-924
- El problema ha provocado una crisis y la entrada de armamento de alto calibre para los distintos grupos del crimen organizado: Angélica de la Peña.
- Capacidad de fuego de la delincuencia organizada sigue creciendo y el Estado mexicano no ha podido detener este fenómeno, advierte Gonzalo Aguilar Zinser.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, y representantes de la organización Desarma México demandaron medidas eficaces para detener el tráfico ilegal de armas, ya que, advirtieron, está relacionado con el aumento de la violencia e inseguridad que se registra en nuestro país.
En la conferencia “Violencia Armada en México: acciones legales, investigación y arte”, celebrada en el Senado de la República, De la Peña Gómez destacó que en el marco internacional el tráfico de armas es un tema preocupante y existe un tratado de comercio entre nuestro país y Estados Unidos.
Sin embargo, agregó, cuando observamos que el origen de la industria que produce las armas que entran de manera ilegal está en esa nación, “uno no entiende dónde está la cooperación internacional”, dijo.
La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideró que “no estamos ante cualquier problema” porque afecta los derechos humanos de todas las personas, rebasa las fronteras y caracteriza a México como un país en guerra, cuando no se encuentra en esta condición.
Afirmó que los niveles de violencia e inseguridad que se registran en México están totalmente relacionados con el aumento en el tráfico ilegal de armas; que ha provocado una crisis y un descontrol en la entrada de armamento de alto calibre que se encuentran en manos de distintos grupos criminales.
Gonzalo Aguilar Zinser, de la organización Desarma México, dijo que en los últimos años nuestro país ha reclamado al gobierno de Estados Unidos su posición “laxa” frente a las leyes que regulan la adquisición y tenencia de las armas en esa nación, porque generan ventas clandestinas dirigidas a la República Mexicana y se estima la entrada de un promedio mensual de más de 20 mil artefactos que van de calibres de nueve milímetros hasta lanza cohetes.
En este contexto, advirtió, “la capacidad de fuego de la delincuencia organizada es mucho mayor, sigue creciendo y no ha podido el Estado mexicano detener ese crecimiento” con ninguna medida, reforma o mecanismo de seguridad.
“Hay regiones totales del territorio mexicano que están bajo el dominio completo de la delincuencia organizada”, expresó.
Criticó que no se hayan tomado en serio ni las medidas necesarias ni los mecanismos sólidos para contener la delincuencia.
En su turno, Sergio Aguayo Quezada, del Colegio de México, expresó: “estamos es una guerra de baja intensidad” que al no ser reconocida como tal por el Estado mexicano no puede ser tratada de esa manera y no hay preocupación por los suministros bélicos a las organizaciones de la delincuencia organizada.
Consideró que operativos como Rápido y Furioso es el resultado de la frustración de una dependencia estadounidense que no tiene los recursos para combatir el tráfico de armas:
“A los estadounidenses sólo les interesa el flujo de migrantes y drogas y por ello despliegan a 18 mil o 20 agentes de la Patrulla Fronteriza para vigilar su frontera sur, pero en la época de Rápido y Furioso, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego tenía 417 agentes para vigilar tres mil kilómetros”.
Dijo que en la guerra contra el crimen organizado se requiere “una convergencia razonada entre organismos civiles, Estado, academia y medios de comunicación” para enfrentar el problema.
En su turno, el cineasta Gabriel Ripstein hizo notar que en la relación bilateral se ha hablado mucho del narcotráfico o de la migración, pero no de esta realidad donde la responsabilidad es compartida.
Expresó que en la Unión Americana existe una regulación laxa sobre esta materia en Estados Unidos y un “apetito feroz” por parte del crimen mexicano por obtener las armas.
Miriam Morales Sanhueza, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hizo notar que las principales víctimas del trasiego de armas que opera con tanta facilidad desde Estado Unidos son las mujeres.
En tanto, Paulina Arriaga Carrasco, de Desarma México, destacó que dos de cada 10 homicidios con armas de fuego contra mujeres suceden en el hogar de la víctima, frente al siete por ciento en el caso de los hombres.
Dijo que en 2011 se registraron en México 16 muertes por armas de fuego por cada 100 mil habitantes y en Estados Unidos sólo tres. Consideró que el fortalecimiento de la regulación sobre la venta de armas en la Unión Americana tendría un impacto directo en México.
Recordó que el 70 por ciento armas ilegales aseguradas en nuestro país son de procedencia estadounidense, pero también existen fenómenos que no están ligados a este tráfico, como la desaparición de más de tres mil armas que pertenecían a corporaciones policiacas mexicanas.
