Numero 884
- La situación de las niñas y niños migrantes es grave debido a la ausencia de atención por parte de las autoridades federales.
- Mientras la autoridad abusa contra este sector y lo criminaliza, por otro lado hay organismos que luchan para que se protejan los derechos humanos de los migrantes.
El Senado de la República demanda al Poder Ejecutivo Federal emprender medidas necesarias para frenar los abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional; y expone que la situación de niñas y niños migrantes es grave.
Un dictamen con punto de acuerdo avalado por el Pleno, en la sesión ordinaria del pasado 14 de diciembre, expone que la situación de niñas y niños migrantes no es nueva, y advierte que la situación actual es grave debido a la ausencia de atención por parte de las autoridades federales.
Resalta el contraste alrededor de este tema: mientras la autoridad continúa practicando abusos contra este sector, criminalizando a menores que viajan solos; por otro lado hay organismos dedicados a luchar para que se establezcan medidas que no sólo protejan los derechos humanos de los migrantes, sino también mecanismos para que puedan insertarse, de alguna manera, a la sociedad.
Sobre los constantes abusos que sufren los menores migrantes, por parte de las autoridades migratorias del país, el dictamen señala que se deben de emprender medidas contundentes y eficaces, con el único y claro objetivo de parar estas violaciones a los derechos humanos.
Subraya que no es congruente, por parte del Estado mexicano, impulsar estrategias encaminadas a solventar esta tragedia humanitaria y, por otro lado, seguir permitiendo violaciones y abusos a este grupo de población que, en términos generales, no son criminales.
El documento reconoce que el incremento de la violencia criminal en México, durante los últimos años, plantea desafíos complejos para el país; sin embargo, considera que dicha situación también requiere que el Estado adopte todas las medidas que necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, entre las cuales se encuentran incluidas las personas migrantes.
Consideraron que dichas medidas deben basarse en el respeto a los derechos humanos, para evitar que las respuestas del Estado para afrontar la criminalidad se conviertan en un foco de mayor inseguridad y arbitrariedad por parte del propio Estado.
El punto de acuerdo, dictaminado por la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado, advierte acerca de la ausencia de una política de seguridad ciudadana específica para la prevención, protección y persecución de delitos que afectan a las y los migrantes.
Asimismo, reitera que la respuesta del Estado, principalmente contra el narcotráfico --a través del apoyo a las acciones de las fuerzas policiales y militares en la lucha contra el crimen-- más que salvaguardar la seguridad de las personas que habitan el territorio mexicano, en muchos casos solo ha contribuido a un recrudecimiento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, por parte de agentes estatales.
