- El proyecto propone que los jóvenes entre 15 y 29 años de edad tengan preferencia en el otorgamiento de becas de las instituciones de educación del Estado y los particulares.
- El sistema educativo enfrenta severos problemas de calidad, porque la orientación del gasto no es adecuado y los programas de estudio no son pertinentes, señalan.
Senadores del PRI y del PVEM propusieron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con la finalidad de atender a la población joven para que permanezcan en el sistema educativo del país.
El proyecto propone que los jóvenes entre 15 y 29 años de edad tengan preferencia en el otorgamiento de becas de las instituciones de la educación tanto del Estado como de los particulares. El número y monto de los apoyos se decidirá con el apoyo del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.
Otro propósito es evitar que se desaproveche la preparación de los jóvenes que, generalmente por razones económicas, se ven obligados a desertar de sus estudios en niveles de educación media superior y educación superior. Por ello se propone que participen en labores de promoción y asesoría en el sistema de la educación para adultos.
La iniciativa de los senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Roberto Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del PRI, y del senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM, señala que las modificaciones consisten en acciones ejecutivas para corregir la situación vulnerable en que se encuentran los jóvenes de México.
El documento señala que la situación de quienes deciden dejar la escuela no sería grave si encontraran un trabajo acorde a los estudios realizados y tuvieran oportunidad de adquirir competencias para su desarrollo personal y laboral.
Destaca que, en México, el número de personas que ni estudian ni trabajan --los llamados “ninis”-- aumentó en los últimos años; en 2012 esta situación afectaba a 22 por ciento de la población de entre 20 y 24 años, y para 2015 la cifra se elevó a 25 por ciento.
En el proyecto, los senadores advierten que el país enfrenta una grave situación en la relación educación-empleo, problema que debe atenderse fortaleciendo los niveles medio superior y superior del sistema educativo.
Además, señalan que el sistema educativo enfrenta severos problemas de calidad de los servicios, porque la orientación del gasto no es adecuada, los programas de estudio no son pertinentes, y no existe la vinculación necesaria entre el proceso educativo y las actividades productivas en el país.
La matrícula del sistema educativo mexicano está conformada por 34 millones de estudiantes, de los cuales, 25.9 millones (76.2 por ciento) están inscritos en educación básica, que considera los niveles preescolar, primaria y secundaria; 8.1 millones (23.8 por ciento) estudian la educación media superior y superior, que abarca los niveles de profesional técnico, bachillerato, normal, licenciatura universitaria y posgrado.
A ello hay que sumarle que por cada 100 pesos que gasta el gobierno en educación, 84.3 pesos son sueldos para los maestros, 4.4 pesos se erogan en becas, 7.4 pesos en pago de servicios públicos y programas educativos, y sólo 70 centavos se destinan a libros y materiales escolares, se explica en la iniciativa.
La importancia de aumentar los estímulos para que los jóvenes permanezcan en las instituciones de educación radica en que 85 por ciento del presupuesto para educación está destinado al pago de la nómina magisterial, mientras que tres por ciento se utiliza para poner sanitarios, ventanas, pisos, techos o pintar las paredes en las escuelas.
Finalmente, la iniciativa subraya que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proveer una educación de calidad podría impulsar el crecimiento económico anual en un dos por ciento en los países de bajos ingresos; y con aptitudes de lectura básica sería posible liberar de la pobreza a 12 por ciento de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
El proyecto para reformar la Ley General de Educación fue turnado a las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.
