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El Senado de la República lamentó la decisión de la Corte Federal del Distrito Norte de Alabama, que permitirá la entrada en vigor de secciones de la Ley HB 56 que afectan los derechos humanos de los migrantes indocumentados que habitan o visitan esa entidad de la Unión Americana.
Por lo tanto, exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar, a través de la red de consulados, las acciones de protección a los mexicanos que se encuentran en dicho estado.
Asimismo, manifestó su rechazo a cualquier medida que busque criminalizar a los migrantes, en México o en el mundo, e hizo votos porque entre ambos países se logre avanzar hacia una agenda bilateral en donde se aborde el fenómeno migratorio de manera integral.
En el dictamen avalado se manifiesta que el objetivo principal de la ley es criminalizar a la población indocumentada bajo el argumento de fortalecer la seguridad en Alabama y frenar los efectos negativos de la inmigración irregular.
Sin embargo, según datos del último censo, en ese estado solamente 3.5 por ciento de la población es extranjera y los inmigrantes irregulares representaron el 4.2 por ciento de la fuerza laboral en 2010.
Añade el documento que tal como lo señala el New York Times “se trata de una ley que vulnera los derechos de los migrantes, dejándolos aislados, desempleados, pobres, sin defensa y sin educación”.
Los senadores advirtieron que actualmente existen cuatro iniciativas severas y altamente discriminatorias en proceso de ser implementadas, como la HB87 de Georgia, HB497 de Utah, S20 en Carlina del Sur y la HB590 de Indiana.
Resaltaron que el fallo de la jueza Blackburn bloqueó algunas partes de la Ley HB56, que se contraponían con el ámbito federal, pero dejó en vigor disposiciones en las que permite a los policías locales detener a individuos si tiene dudas razonables de que se trata de indocumentados, entre otros.
Asimismo, reconocieron las acciones realizadas por el gobierno de México a través de su Consulado General en Atlanta cuya circunscripción incluye al estado de Alabama, donde se incrementaron las acciones de difusión, asistencia y protección consular que se realiza de manera permanente.
La senadora Adriana González Carrillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que el dictamen tiene que ver con la vida de las familias de los connacionales que residen en la Unión Americana, que son criminalizados por parte de las autoridades locales.
Recalcó que el tema de las armas es tan importante como el de familias separadas que están sacando a los padres y dejando a los hijos encargados con familiares, parientes lejanos o amigos.
En tanto el senador Luis Alberto Villarreal García, también de Acción Nacional, comentó que no existen documentos donde el gobierno mexicano avale “Rápido y Furioso; eso es falso” y que el Fiscal Eric Holder en su comparecencia en aquella nación haya reconocido que fuera cierto también es mentira.
Condenó la Ley HB56 y respaldó a la canciller Patricia Espinosa y al gobierno federal al impugnar este tipo de leyes que son anticonstitucionales.
Por su parte, el senador perredista Rubén Fernando Velázquez López, expuso que la Ley HB56 ha sido muy criticada y recuerda las épocas más racistas que se vivieron en la época de la colonización de Estados Unidos.
Al manifestar su postura a favor, el legislador expuso que el Senado de la República tiene que pronunciarse en torno a estas leyes discriminatorias que se han venido aprobando en la Unión Americana.
A su vez, el senador petista Ricardo Monreal Ávila, consideró que el Senado de la República debe expresar una enérgica protesta al gobierno de los Estados Unidos por el operativo “Rápido y Furioso” que ha causado lamentables desgracias y pérdidas de vidas humanas.
Hoy mismo el Procurador de Justicia de aquella nación admite que fue grave haber aceptado, introducido y diseñado este operativo de contrabando ilegal de armas de Estados Unidos a México”, subrayó.
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