- Número-734
- Cuestionan senadores sobre el aborto, uso lúdico de la marihuana, derechos humanos, desindexación del salario e impuesto a refrescos.
- De ser electo dejaré fuera convicciones personales, políticas, religiosas o sociales, con total apertura y sin prejuicios, afirma.
El candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek dijo, ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, que de ser nombrado generará que las demandas de justicia se hagan efectivas “aquí y ahora”, sin que tengan que trasladarse a instancias internacionales.
Durante la comparecencia del último integrante de las ternas, el presidente de la Comisión de Justicia, senador Fernando Yunez Márquez, precisó que muchas de las sentencias emitidas por la Corte son poco entendibles para los ciudadanos, por lo que se tendría que pensar en acercarlas más a la población
Por su parte, la senadora independiente Martha Tagle Martínez, consideró que se tienen que desechar las ternas porque vienen viciadas de origen, ya que el Ejecutivo Federal no cumplió con propuestas que contaran con los requisitos. “No debemos prestarnos a ese juego”.
Lo cuestionó sobre la pertinencia de que la Corte reabra el debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres; específicamente sobre la interrupción legal del embarazo por decisión propia, y señaló que sólo se permite en el Distrito Federal.
Los senadores del Grupo Parlamentario del PT, Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, criticaron la trayectoria laboral de Potisek al señalar que ha persistido durante varias administraciones y ha trabajado muy de cerca en las oficinas de la Presidencia de la República. Usted ha sido defensor de las decisiones del gobierno, dijo el senador.
Respecto a la sentencia de la Primera Sala sobre el uso lúdico o recreativo de la marihuana otorgada a cuatro personas, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna, cuestionó si los efectos de esta fueron los correctos y cuál sería su posición sobre el tema, si llegará a ser ministro.
Además, la legisladora se refirió a temas como el interés superior de la niñez, la desindexación del salario mínimo y la reforma energética.
El senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, reflexionó acerca de las contribuciones de los ciudadanos. Sobre el impuesto al refresco, el cual no tiene un fin meramente recaudatorio sino un fin extra-fiscal cuestionó si es constitucional no. Además, cuestionó si tiene compromiso con algún partido o con algún grupo de interés.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora María del Pilar Ortega Martínez cuestionó ¿cuáles serían los retos de la Corte respecto al sistema penal acusatorio, pues ya tendría que ser vigente en todo el territorio.
En otro tema, preguntó cómo se puede garantizar que exista un verdadero federalismo judicial desde la Suprema Corte, y si esta puede influir en la independencia de los poderes locales con relación a los gobernadores.
Por el PRD, la senadora Angélica de la Peña, planteó la importancia de cómo los ciudadanos pueden hacer exigible el derecho al medio ambiente, cuando son las grandes empresas las que trasgreden este tipo de derechos.
Por su parte, el senador del PRI, Miguel Romo Medina, señaló que uno de los planteamientos que le hizo llegar la sociedad civil, es que con la salida del ministro Silva Meza, la SCJN se queda sin penalistas, por lo que se requiere reforzar esa disciplina. Adicionalmente, cuestionó, en materia de ley de amparo, si está de acuerdo en suprimir el amparo directo.
A través de peguntas por escrito, universidades y organizaciones de la sociedad civil, cuestionaron al candidato sobre justicia abierta en tribunales, la no intervención de los partidos en las decisiones de la Corte y que no se convierta en un súper Poder que someta los otros poderes públicos.
En su intervención inicial, Javier Laynez Potisek señaló que de ser privilegiado con la designación traducirá los tratados en materia de derechos humanos en una realidad para las personas, evidenciará el compromiso del Estado con la justicia y evitará la victimización.
Abundó que de ser electo para integrar el órgano colegiado no enarbolará o promoverá una causa, sino que dejará fuera sus convicciones personales, políticas, religiosas o sociales, con total apertura y sin prejuicios.
En el último día de las comparecencias, dijo estar dispuesto aceptar, contraponer, debatir, y ponderar todos los argumentos, sobre todo, en aquellas cuestiones que suscitan el debate en la opinión pública.
Laynez Potisek se pronunció por aportar día a día, “aunque sea como un grano de arena, mis capacidades, mi dedicación y esfuerzo para que en cada rincón de mi país, la gente pueda aspirar a uno de los más sentidas exigencias: justicia”.
Al dar respuesta a los cuestionamientos, el aspirante precisó que el debate sobre los derechos reproductivos de la mujer es un tema que tendrá que abrirse nuevamente en la Suprema Corte. “En mi opinión no hubo un debate a fondo sobre los derechos reproductivos, ni el derecho a la vida”, dijo.
En su respuesta, señaló que los efectos de la sentencia son correctos; la SCJN defiende los derechos humanos, así sea de una persona, de una colectividad, de una minoría o de la mayoría.
La Corte no legisla; el problema sobre la legalización o no, es un problema integral que no es responsabilidad única de la Corte. “No es a golpe de amparos o de sentencias como se va a definir si tenemos en México que legalizar”, dijo.
Sobre la desindexación, dijo que es un paso para fortalecer el salario mínimo vital, pues “una de las cuestiones por las que a veces no se incrementaba el salario mínimo es porque servía de base de cálculo de una serie de parámetros aplicables en actividades económicas e incluso, multas, todas calculadas sobre salarios mínimos”.
Respecto al impuesto al refresco, dijo que sí es constitucional, pues es una política fiscal cuyo objetivo de la tributación de un país. Asimismo, resaltó que no tiene ningún compromiso “Ya lo he señalado aquí, senador, pero desde luego que lo ratifico frente a esta soberanía”.
Javier Laynez apuntó que con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio la Corte debe jugar un rol fundamental, ya que le corresponde sentar criterios y jurisprudencia para ver cómo se entienden y cuándo se considerará una violación a los principios de oralidad, inmediatez, contradicción, concentración y publicidad.
Destacó que los tipos penales establecidos en la legislación sustantiva no han sido modificados, están hechos para el sistema penal inquisitorio, para equilibrarlo. Sin embargo, consideró que gradualmente se tiene que hacer una revisión para hacerlos congruentes con un sistema adversarial.
En su respuesta, el magistrado resaltó que los formatos de las sentencias son complejos, sin embargo, reconoció que la SCJN ha avanzado en la conformación de un formato más sencillo hacia los justiciables. Asimismo, destacó que actualmente existe el debate sobre el argumento contramayoritario, el cual, algunos consideran contrario a la democracia.
Confió en que algún día pueda llegar a eliminarse el amparo directo y no en favor de la autoridad. No obstante, en este momento no estaría de acuerdo con la supresión porque impediría a un ciudadano que lleva un litigio en una justicia local, tener acceso al juicio de amparo.
“No, mientras no se garantice la plena autonomía de los poderes judiciales estatales, que ha sido uno de los argumentos fundamentales para ni siquiera pensar en esta idea de suprimir el amparo directo”, argumentó.
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