Número-730
- El procedimiento para designar a quienes ocuparán las vacantes en la SCJN no deja satisfecho a nadie: Yunes Márquez.
- Tendrán que analizar si es conveniente adoptar un modelo donde se proponga a una persona, u otro donde la Judicatura, los Poderes Legislativo y Ejecutivo hagan propuestas.
La Constitución debería exigir al titular del Ejecutivo que fundamente y motive su propuesta de ternas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), situación que actualmente no está estipulada; se tendría que hacer una reforma para establecer un método que determine quiénes serán los candidatos, por ejemplo mediante concurso, señaló la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle.
Ante la Comisión de Justicia del Senado, la aspirante a ministra de la SCJN señaló: tengo todo para estar aquí, para irme a la Corte, si ustedes me lo permiten, pero sí creo también que la ciudadanía tiene derecho a saber por qué y quiénes son los que están, aunque la Constitución no lo exija, y motivar porqué son esas tres personas que está proponiendo”.
Enfatizó en que si es nombrada magistrada de la SCJN, hará lo que le permita la justicia estipulada en la Constitución, los tratados internacionales de los que México es parte y las leyes que expide el Congreso de la Unión. “Buscando impartir justicia a todos los mexicanos como quisiera que alguien lo hiciera, una vez que la ocupe para mí misma”, comentó.
Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó que el procedimiento para designar a quienes ocuparán las vacantes en la SCJN no deja satisfecho a nadie; aunque añadió que también es complicado para el Ejecutivo enviar ternas de manera directa al Senado.
Por ello, los senadores tendrán que analizar minuciosamente si es conveniente adoptar un modelo donde sólo se proponga a una persona, u otro sistema donde la Judicatura, los Poderes Legislativo y el Ejecutivo propongan un candidato cada uno.
En otro tema, el senador Yunes Márquez preguntó a Sánchez Valle hasta dónde puede llegar o si se ha excedido la SCJN como un generador de políticas públicas, por temas que ha resuelto como el matrimonio de parejas del mismo sexo o el uso lúdico de la marihuana.
Sánchez Valle contestó que si legislativamente no existe un precedente, “la Corte no puede hacer otra cosa, y no podía dejar de resolver”, sin que se detengan por algunas lagunas, mediante control de convencionalidad, de constitucionalidad, porque es lo que le corresponde a la SCJN en estas situaciones.
La senadora independiente Martha Tagle cuestionó a la candidata en torno a averiguaciones previas sobre delitos relacionados con la impartición de justicia, una de ellas sobre la liberación de Osvaldo Sauceda Guerra en mayo de 2011, horas antes de ser extraditado a Estados Unidos, acusado por lavado de dinero de alrededor de un millón de dólares.
Sánchez Valle contestó que se trató de un procedimiento de extradición, en el cual ella expidió una orden de aprehensión que ejecutó la Procuraduría General de la República “en contra de una persona de 30 más, de otro estado, y con los apellidos invertidos”, por lo que decretó su libertad, pero dejó vigente la orden de detención para el inculpado real.
La senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que es importante para algunos senadores visualizar en quién ocupará el cargo en la SCJN, a partir de a quién van a sustituir. Señaló que hay constancia de que el Consejo de la Judicatura la apoya para llegar a la SCJN, y preguntó: ¿por qué está usted en esta terna?
La magistrada contestó que no conoce a nadie ni está apadrinada por nadie, “creo que mi labor como juzgadora es lo que me tiene aquí; que es lo mismo que ha sucedido en mi carrera judicial. Estoy en esta terna por mi carrera, yo creo que ustedes tendrían todos los medios para saber que es de esa manera”, dijo.
El senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la averiguación previa a la que fue sometida la magistrada por liberar a Osvaldo Sauceda Guerra no prosperó, pero sí hubo un procedimiento administrativo ante el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que solicitó detalles.
Sánchez Valle respondió que el Consejo de la Judicatura Federal le fincó un procedimiento de responsabilidad, por lo que presentó un informe donde alegó los derechos a la identidad, a las personas y a la libertad; y a pesar de la amonestación, el hecho no se consideró como una falta grave, porque si hubiera sido así, la hubieran destituida.
El senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, apuntó que comparte una idea contenida en la carpeta que les entregó la magistrada a los senadores, en el sentido de que la jurisprudencia no está catalogada en la SCJN, y ésta resulta obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales.
La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, le preguntó en qué consiste el test tripartita utilizado por la Suprema Corte de Justicia la Nación, cuando los derechos humanos, contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, tienen una restricción expresa en la Carta Magna.
La magistrada contestó que el test lleva a tres órdenes de solución cuando hay problemas de interpretación en materia de derechos humanos; se aplica primero la cláusula de interpretación conforme, y si no es conveniente se utiliza el principio pro homine, y si tampoco es aplicable, la tercera postura es entre dos o más disposiciones, y se utiliza la que más convenga.
La senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, preguntó a la magistrada cómo percibe la corrupción dentro del Poder Judicial, y en caso de ser designada magistrada de la SCJN, ¿qué políticas generaría para combatirla?
La magistrada respondió que no duda que exista en el Poder Judicial, pero en 20 años de carrera judicial, nunca ha visto que se resuelva un asunto de esta manera; “creo que se ha sabido respetar la independencia de imparcialidad, objetividad y profesionalismo de los jueces federales; y en esa misma línea he actuado”, refirió.
La senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, preguntó cuál es la postura de la magistrada en cuanto a los métodos de reproducción asistida, en específico, la subrogación de vientres como un posible conflicto entre los derechos de los solicitantes y la madre sustituta.
La magistrada respondió que ante la ausencia legislativa en estos temas, la SCJN debe actuar como hasta el momento, mediante la jurisprudencia y la interpretación. Dijo estar de acuerdo con los métodos de reproducción asistida, porque tienen que ver con la libertad y con la oportunidad de opciones para quienes no pueden concebir.
La senadora Layda Sansores Sanromán, del Grupo Parlamentario del PT, le solicitó su opinión a la candidata sobre el método para elegir a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado en el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo, hace más de 20 años.
Sánchez Valle respondió que la ciudadanía tiene el derecho de saber el por qué el titular del Ejecutivo integra de determinada manera las ternas que compiten para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, no está estipulada esa responsabilidad en la Constitución Política.
El senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, le preguntó qué haría para consolidar el nuevo sistema de justicia penal, en caso de ser electa como magistrada de la Suprema Corte, además de señalar qué falta.
La magistrada Verónica Sánchez dijo que lo que se podrá hacer desde la SCJN será conforme se vayan cumpliendo los tiempos marcados y se formen criterios los jueces que intervienen en el sistema penal acusatorio; “hay algunas lagunas en el sistema penal, como por ejemplo, en el Código Nacional; pero habrá que esperar que pasen los tiempos”, comentó.
Finalmente, el senador Armando Ríos Piter, señalo que 80 por ciento de los ciudadanos tiene la percepción de que existen casos graves de corrupción en el Poder Judicial, y solicitó la opinión de la magistrada sobre este problema, y si a ella le ha tocado ser parte de un acto de corrupción y qué hizo.
Verónica Sánchez contestó que esa percepción es equivocada y puede obedecer al manejo de casos que hacen algunas personas que asesoran a los magistrados, porque le hacen creer a la sociedad que los juzgadores se quedan con parte del dinero que ellos les piden; también tiene que ver con la falta de resolución en los intereses de cada una de las partes en un litigio.
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