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El senador Francisco Agundis Arias, del PVEM, propuso reformas en materia de financiamiento de la actividad electoral, para evitar y desincentivar que el crimen organizado se inserte en la selección de candidatos o impulse con estos fines a personas afines a ellos.
La medida sería aplicable a toda persona que use por sí o por interpósita persona y en calidad de precandidato o candidato, fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas para su precampaña o campaña electoral.
Ello --advirtió-- será considerado para efectos punitivos como símil del tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita con lo cual, la sanción económica y de prisión se elevaría considerablemente.
Asimismo, se introduce el concepto de precandidato en el Código Penal Federal.
Señaló que quienes cometan el ilícito electoral serán considerados agentes perjudiciales para la sana estabilidad social en el país, se considerará como delito grave y se les privará de la libertad durante el proceso.
Este tipo penal se deberá incluir también en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, agregó el legislador.
A su vez, Agundis Arias manifestó que muchas voces se han pronunciado por fortalecer los instrumentos para detectar candidatos vinculados con la delincuencia organizada, así como recursos de procedencia ilícita utilizados en precampañas y campañas electorales.
Precisó que el Consejo General del IFE ha afinado instrumentos de fiscalización a las finanzas partidistas, cubriendo algunos huecos legales, fortaleciendo la coordinación con estancias de monitoreo financiero y sanción penal, otorgando facultades de fiscalización aleatoria y focalizada durante el desarrollo de campañas electorales.
Por Ley --añadió-- las campañas electorales son financiadas exclusivamente por el Estado y los partidos públicos determinan con un mínimo de reglas de operación y rendición de cuentas como aplicarlos a las campañas de los candidatos.
“Esa mecánica ha sido criticada, ya que los recursos son evidentemente extraídos de recursos públicos”, y por ello se ha pedido que el financiamiento provenga en menor parte de recursos públicos y el resto de privados, es decir, que se permita que los particulares, realicen aportaciones económicas o en especie.
Sin embargo, “se abriría la puerta a que las actividades de partidos y procesos electorales se financien con recursos de procedencia ilícita y sería una amenaza real y concreta a la seguridad nacional”, explicó.
La iniciativa que reforma los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera.
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