{audio}2011/boletines/nov/2011-11-04/292.mp3{/audio}
El senador Francisco Castellón Fonseca presentó un punto de acuerdo para que el Senado condene las agresiones cometidas por parte de elementos y mandos de la policía municipal de Ciudad Juárez, en contra de ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse y de reporteros que daban cobertura a dicha manifestación.
También, propuso exhortar al gobernador de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez, para que tomen de manera inmediata las medidas necesarias que garanticen la seguridad e integridad física, psicológica y la libertad de las 29 personas detenidas arbitrariamente.
Solicitó al gobernador de esa entidad que realice una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, golpes y agresiones en contra de manifestantes y reporteros.
De igual forma, le pidió garantizar que los resultados de la investigación se hagan del conocimiento público y que los mandos responsables sean llevados ante la justicia.
Asimismo, hizo un exhorto para que se garantice la libertad de expresión, de manifestación y de protesta en dicho estado.
Castellón Fonseca recordó que el martes 1 de noviembre en las avenidas López Mateos y Paseo Triunfo, en Ciudad Juárez, más de 150 elementos de la policía municipal que portaban armas largas, y al mando del secretario de Seguridad Pública municipal, Julián Leyzaola Pérez Domínguez, detuvieron arbitrariamente a 15 manifestantes.
Lo anterior, precisó, a base de golpes y agresiones entre ellos a varias mujeres, adolescentes y adultos mayores que realizaban una marcha por la paz.
Indicó que en estos mismos hechos también fueron golpeados y despojados de sus cámaras e instrumentos varios periodistas y reporteros gráficos que daban cobertura a la manifestación.
Aunado a estos lamentables hechos --agregó-- otras 14 personas fueron detenidas arbitrariamente al llegar a la estación Aldama para exigir la libertad de las personas previamente detenidas.
Mencionó que las 29 personas detenidas fueron trasladadas por elementos de la policía municipal a dicha estación, donde se encuentran detenidos e incomunicados.
El legislador perredista recordó que el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez enfrentó denuncias por tortura cometidas en 2010 cuando fue funcionario del gobierno de Baja California, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado emitió la recomendación 6/10.
Por ello, consideró que el Senado no debe ser indiferente ante estos hechos, “menos aún teniendo en cuenta los oscuros antecedentes de Julián Leyzaola Pérez”.
La proposición se envió a la Comisión de Seguridad Pública.
--ooOOoo--
