Número-677
- Cuestionan senadores y organizaciones de la sociedad civil sobre discriminación, marihuana, transparencia y rendición de cuentas.
- La Corte debe responder a la sociedad como un árbitro creíble, un pilar que dé respuesta al interés público y que adapte el derecho a la realidad, señaló Sara Pericia Orea.
Ante la Comisión de Justicia del Senado de la República compareció la aspirante a ocupar una de las dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sara Patricia Orea Ochoa, quien destacó que los retos del máximo tribunal se centran en la no discriminación a las mujeres, la promoción del diálogo con la sociedad y fijar criterios de la reforma procesal penal.
Durante el primero de cinco días en los que habrán de comparecer los seis aspirantes, el presidente de la instancia legislativa, senador Fernando Yunes Márquez, cuestionó a la candidata sobre las alternativas que ayudarían a aumentar paulatinamente la equidad e el Poder Judicial, pues actualmente la proporción es del 20 por ciento de mujeres, contra 80 de hombres.
A su vez, la senadora independiente Martha Tagle Martínez, advirtió que las ternas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal, no cuentan con elementos para conocer si se garantizará la pluralidad de la Corte o si son propuestas “a modo”.
En su opinión, los perfiles están orientados en temas administrativos, no cumplen las expectativas ciudadanas y se renunció a igualdad entre hombres y mujeres. Se renunció a la posibilidad de equilibrar la Corte en razón de género, al enviar solamente una terna de mujeres y no dos, de ser designada una mujer persistirá la desigualdad.
La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, cuestionó a Sara Patricia sobre su posición respecto la resolución que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar a cuatro personas para obtener un permiso con el que podrán usar marihuana con fines recreativos.
Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Pilar Ortega Martínez, destacó que en el marco internacional, México ha sido señalado en diversas materias, como derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Al respecto, señaló que aún no se ha determinado qué órgano será el facultado para retirar el carácter de reservado a los casos en donde se presente la violación grave de derechos humanos.
El senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, reconoció la trayectoria de la maestra Orea Ochoa y le cuestionó sobre la división de poderes, cómo garantizar el perfecto equilibrio de los poderes para que la SCJN sea el gran equilibrador.
En su comentario sobre la contradicción de tesis respecto a la jerarquización de los tratados internacionales y acerca de la interrupción legal del embarazo, la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez cuestionó a la candidata ¿qué no resolvió la Corte? y ¿cómo habría resuelto sobre el tema?
A más de 200 días de que se cumpla el plazo establecido por la reforma al sistema de justicia penal de 2008, la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que algunos estados no han terminado el proceso legislativo correspondiente, e incluso en algunos existen hasta tres códigos de procedimientos, cómo debe actuar la SCJN para aplicar el nuevo sistema.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández, cuestionó sobre la supuesta corrupción a que se refiere la postulante dentro del Poder Judicial de la Federación, pues datos del Instituto Mexicano de la Competitividad y otros estudios la refieren con precisión.
El senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, cuestionó los méritos de eficiencia y capacidad que hicieron que fuera una de las postuladas al cargo, al tiempo que criticó las respuestas que se le fueron formuladas, pues éstas han sido muy escasas “en cuando a rigor técnico”.
A través de preguntas de organizaciones de la sociedad civil que hicieron llegar a la Comisión de Justicia, se cuestionó a la proponente respecto al compromiso que tomaría con la justicia abierta, de llegar a ser Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal.
En su exposición, Sara Patricia Orea Ochoa dijo que el reto del órgano colegiado es responder a la sociedad como un árbitro creíble, un pilar que dé respuesta al interés público y que adapte el derecho a la realidad, además de abrir espacios de participación y diálogo con la población para fortalecer la justicia y la democracia.
Resaltó la importancia de atacar de manera urgente, decidida y frontal la discriminación hacia la mujer en todos los ámbitos, para ello es necesario la reconocer la perspectiva de género como herramienta metodológica indispensable para garantizar la igualdad y el respeto, además de desarrollar los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Manifestó que se requiere un tribunal fuerte y decidido frente a los contextos de violencia que actualmente viven las mujeres como los feminicidios, desapariciones y trata de personas.
Respecto al sistema penal acusatorio, dijo que la Corte necesita fijar criterios urgentes sobre la reforma procesal penal que implica mayor respeto a los derechos fundamentales, más transparencia, la suspensión del proceso a prueba y los mecanismos alternos de solución de conflictos.
Al referirse a la resolución sobre el uso lúdico de la cannabis, Sara Patricia Ochoa coincidió con el fallo de la Corte y agregó que la autorización debe darse a personas mayores de edad, o bien establecer y regular clubs de consumo para evitar el mercado negro y que, al mismo tiempo, generarían generación de impuestos al estar obligados a registrarse.
En su opinión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), debe ser el órgano encargado de desclasificar los casos de violación grave a derechos humanos.
En su intervención, mencionó que sería necesario aplicar controles de confianza a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación para evitar posibles actos de corrupción.
Señaló que la contradicción habla del control de convencionalidad que se tenía vedado para los juzgadores en general. Representa un parteaguas porque no existía ningún instrumento por encima de la Constitución, sin embargo, esa jurisprudencia adopta una teoría horizontal, en donde se señala que los tratados internacionales también tienen que ser atendidos por los juzgadores mexicanos.
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