Número-657
- En los últimos años no se han podido crear los puestos de trabajo suficientes y se mantienen grandes tasas de ocupación en el sector informal, advierte senadora del PRD.
- Carencia de trabajo o empleo en condiciones precarias sólo dan lugar a que sus derechos se violenten de forma reiterada, dice.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que para el Estado mexicano debe ser una prioridad resolver las demandas de empleo de las personas adultas mayores, conforme a las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
Dijo que en los últimos años no se han podido crear los puestos de trabajo suficientes y se mantienen grandes tasas de ocupación en el sector informal, rotativo, sin especialización, capacitación, prestaciones, salarios suficientes o condiciones adecuadas de trabajo.
Uno de los sectores más afectados por esta situación, dijo, son las personas adultas, que se encuentran en una situación en la que su edad es determinante para que las empresas les nieguen injustificadamente los puestos o los acepten sin cualquier tipo de prestación adicional, con plazas temporales, sin contrato, en áreas de poca jerarquía y con un pago inferior.
Esta serie de factores, enfatizó, sólo da lugar a que sus derechos se violenten de forma reiterada y que no puedan gozar de una vejez digna.
Cuéllar Cisneros refirió que en México viven alrededor de 11.7 millones de adultos mayores, lo que representa al 9.7 por ciento de la población total, con una tasa de participación económica del 33 por ciento, que disminuye conforme se incrementa su edad y llega a 10.6 por ciento en aquellos que se encuentran en una vejez avanzada.
De estos porcentajes, agregó, la mitad trabaja por cuenta propia o en empleos temporales y un 4.9 por ciento realiza actividades sin pago, lo que se considera como “trabajo vulnerable”, al no contar con lo establecido por la ley para cualquier empleo formal y es alarmante que aproximadamente la mitad de ellos no reciba prestaciones y en muchas ocasiones gane menos de un salario mínimo.
Por ello, propuso reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a fin de promover y estimular el mejoramiento de fuentes de empleo para este sector hacia estándares de calidad apegados a los principios y normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente, y definiendo la aplicación de estímulos fiscales para tal efecto.
Además, planteó que se garanticen a las personas adultas mayores su derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo decente, o de otras opciones de calidad que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.
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