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El senador Felipe González González, de Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 115 de la Constitución, con el propósito de concretar a los municipios como espacios propicios para desarrollar el bien común, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Con ello, se impulsará la democracia participativa, contemplada en la legislación estatal, para que los habitantes concurran en la toma de decisiones respecto a la forma y progresividad con que se harán efectivos los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.
Las decisiones que la población del municipio adopte para concretar fines de beneficio común deben estar orientadas por criterios de equidad, subrayó.
Además, González González, señaló que la asignación de recursos en el rubro de derechos sociales debe orientarse a reducir la exclusión de que son objeto diversos grupos vulnerables, con miras a crear condiciones tendientes a su superación.
“La asistencia social como estrategia para erradicar la pobreza debe dejar lugar al bien común como método para propiciar la igualdad, a partir del derecho de todos a gozar de una vida digna y plena”, argumentó.
El legislador por Aguascalientes explicó que para la realización progresiva de los derechos de orden social se cuenta con la Declaración de los Objetivos del Milenio que, sin tener el carácter de Tratado o Convención, establece ocho metas principales:
La erradicación de la pobreza, de la mortalidad infantil y materna, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la prevención y atención del SIDA y propiciar un ambiente sustentable.
Para ayudar a afrontar estos retos --dijo-- el último de los objetivos consiste en la creación y el sostenimiento de una Asociación Mundial para el Desarrollo.
“Los Objetivos del Milenio son susceptibles de tomarse en cuenta en relación con el bien común en el ámbito municipal, pues el municipio representa la comunidad más directa en que la persona se relaciona con otros y con sus autoridades”, finalizó.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su dictaminación.
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