Número-510
- Plantea reformas a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
- Fortalecerá a las fiscalías y será un instrumento legal para desarticular las redes de corrupción.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso reformar los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de tipificar los actos de corrupción como delincuencia organizada, así como establecer sanciones efectivas que desincentiven la participación en redes de corrupción.
Los actos de corrupción, agregó, no son cometidos por actores aislados, se desarrollan sobre la base de redes de corrupción que constituyen una industria integrada, desde la planeación, la operación, el manejo financiero, el blindaje jurídico, hasta la cobertura política.
“Son grupos de individuos que se ponen de acuerdo para delinquir, por lo tanto es crimen organizado en los términos que la Constitución lo define”, puntualizó.
En este sentido, propuso que al miembro de la asociación o banda, que sea o haya sido servidor público y que cometa actos de corrupción, se le imponga prisión de 10 a 15 años, de 150 días a 450 días de multa, y se le inhabilite desde tres años y hasta de forma permanente para desempeñar cargo o comisión pública.
En el caso de que el delito sea cometido por algún miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le inhabilitará desde cinco años y hasta de forma permanente para desempeñar cargo o comisión públicos.
La iniciativa, dijo fortalecerá a las fiscalías responsables de sancionar este tipo de conductas, además de que sería un instrumento legal para desarticular las redes de corrupción.
El senador Fernández Fuentes aseguró que el Estado mexicano está vulnerado. “Su capacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales está comprometida. No puede retener delincuentes de alta peligrosidad, ni garantizar el cumplimiento generalizado de los derechos humanos y actividades económicas reservadas para la nación y que hoy están dominadas por grupos delincuenciales. México está enfermo de corrupción e impunidad”.
En este contexto, subrayó que el aparato actual para combatir la corrupción alimenta la impunidad y es funcional únicamente al corrupto. “El esfuerzo que realiza el Estado para combatir el narcotráfico en una estrategia prohibicionista y militar cuesta vida y dolor. Ha hecho que el gasto en seguridad de México esté entre los 10 más altos del mundo”.
Asimismo, destacó la necesidad de reconocer la gravedad del problema y de que sea considerado una prioridad nacional. Se debe comenzar por desmantelar las redes de complicidad para que el Estado pueda ser efectivo, reconocer los avances generados con las reformas en materia de corrupción y de transparencia, no retrasar las leyes secundarias y hacer operativo el sistema diseñado.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, para su dictaminación.
