Número-506
- PRD pide cambio de rumbo en esta materia; PAN demanda evitar uso político de los programas sociales.
- Se implementará una estrategia de blindaje electoral para los comicios del siguiente año: Secretario de Desarrollo Social.
Con motivo del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, senadores de la República y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade Kuribreña, analizaron los resultados para combatir el hambre y la pobreza en México.
En su intervención inicial, el funcionario dijo que hasta el 2008 la tendencia en los precios de los alimentos había observado una trayectoria a la baja, pero de ese año a la fecha “se ha observado un incremento importante sobre todo de la canasta alimentaria, que refleja, que subyace a la línea de bienestar”.
Ante la Comisión de Desarrollo Social, Meade Kuribreña afirmó que se ha observado en México “un proceso de crecimiento de los bienes de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por arriba de los ingresos nominales”, que están generando y desplazando “la frontera de pobreza hacia arriba”.
Informó que hay 11.4 millones de mexicanos que generan ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y no tienen capacidad de ejercer de manera plena tres o más derechos sociales fundamentales relativos a la educación, seguridad social, salud, vivienda o alimentación.
44 millones de personas en México, agregó, no pueden ejercer alguno de estos derechos y se ubican por debajo de la línea de bienestar.
Además, solamente uno de cada diez mexicanos que no están en posición de ejercer ninguno de los derechos se ubica con capacidad de generar ingresos por arriba de la línea de bienestar, una realidad en que se encuentran medio millón de personas.
El secretario de Desarrollo Social también dio a conocer que 22.37 millones de mexicanos presentan rezago educativo y el sector más importante en el que se tiene que corregir este problema es en los niños que tienen entre tres y cinco años y no asisten a la preprimaria.
En materia de vivienda, agregó, se ha avanzado mucho en dotar a la vivienda en México de estructuras firmes, techo, piso y muros, pero continúa “una realidad de hacinamiento que lastima y que vulnera, y que genera para el mexicano que la vive diferentes tipos de fragilidades que van desde violencia hasta la incapacidad de aprovechar ese espacio de forma productiva”. Además, existen retos importantes para garantizar servicios de drenaje, agua y electricidad.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, hizo un llamado para replantear el rumbo de los programas sociales, pues los datos en esta materia son “devastadores” y “de permanecer esta dinámica, los 11.4 millones de personas en pobreza extrema tardarían 664 años para abatir el rezago educativo, 46 años para contar con servicios de salud y 398 años para acceder a la seguridad social”.
Dijo que el ingreso es 10 por ciento más bajo que el de 1992 y, pese a la importante inversión para ampliar la cobertura de servicios, seis de cada 10 personas no cuentan con seguridad social, dos de cada 10 no tienen acceso a servicios de salud, 22.4 millones presentan rezago educativo y 21.2 millones carecen de servicios en su vivienda.
A nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Jorge Aréchiga Ávila afirmó que los resultados obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social “son testigo de la reducción de la población en pobreza extrema”.
Refirió que la Cruzada Nacional Contra el Hambre ha vinculado programas de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el fin de abatir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema, y en este sentido 4.5 de los seis millones de personas con carencias de acceso a la alimentación cuentan con el apoyo de este programa.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, el senador Luis Fernando Salazar Fernández señaló que a pesar de la “insuficiencia de los resultados” para el siguiente año se contempla un recorte de alrededor de cinco mil millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo Social, un siete por ciento menos en el presupuesto para el ramo de la salud y la fusión de programas que tienen objetivos distintos.
Dijo que la Cruzada Nacional Contra el Hambre es uno de los programas que han reportado irregularidades, como los 845 millones de pesos que siguen sin aclarase y que forman parte de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación formuló a la titular anterior, por lo que cuestionó sobre la medidas para la dispersión de recursos, el uso político electoral y la opacidad en la implementación de los programas.
La senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que la transición digital, con la eliminación del cobro por la larga distancia, es una de las reformas de la que se esperan grandes resultados, pues además representa contar con más canales de televisión, a menor costo, y más contenidos.
La legisladora preguntó cuántos televisores digitales se han entregado, si concluirá el proceso el 31 de diciembre y el estado que guarda esta labor que tiene la Secretaría de Desarrollo Social con la ciudadanía.
En respuesta, el Secretario de Desarrollo Social informó que de los 9.7 millones de beneficiarios del programa para la transición digital, se han notificado a más de 8.3 millones, lo que permitirá, conforme al calendario, “terminar con todas las notificaciones en tiempo para que las entregas se den antes de que termine el año”.
Dio a conocer que ya se entregaron 6.9 millones de televisores digitales y, “salvo que hubiese un imprevisto, no hay ninguna duda de que habremos de terminar de notificar en tiempo, que las entregas se den también en tiempo y que se cumpla con la obligación que se impuso” para que los beneficiarios puedan recibir el llamado apagón analógico “con un instrumento que les permitiera sacar el mejor provecho de ello”.
Meade Kuribreña consideró que se trata de unas políticas públicas más importantes porque permitirá aprovechar de mejor manera el radioespectro, generará mayores espacios de comunicación y mejores condiciones para acceder a Internet, así como la recepción de esta señal en el domicilio de los más pobres.
Aseguró que la Sedesol implementará “una estrategia de blindaje electoral” en los comicios del siguiente año, a fin de transparentar y dar certeza a la sociedad de las acciones institucionales que habrá de desplegar la dependencia.
En 2016, refirió, habrá elecciones ordinarias en 14 entidades federativas y se elegirá a 13 gobernadores, 388 diputados locales y 965 ayuntamientos; son estados, destacó, que concentran al 37 por ciento de los pobres moderados del país y al 42 por ciento de los pobres extremos a nivel nacional.
“Habremos, como se ha hecho en el pasado, de entregar anticipadamente los recursos en zonas prioritarias, el programa de apoyo alimentario y de 3x1, para que no se hagan entregas de estos programas puntuales al inicio de la campaña”.
“Habremos de continuar, como se ha hecho en otras ocasiones, pensando sobre todo en los derechos humanos de la población que atendemos con los programas de comedores, pensión de adultos mayores, estancias infantiles, DICONSA, LICONSA y el seguro de vida a jefes de familia”, expresó.
Pero, acotó, de cara a la sociedad y de forma transparente, se constituirán comités en donde “pediremos el acompañamiento no solamente a la Función Pública sino incluso a PGR, para asegurar que no haya un solo funcionario de la Secretaría que respecto de estos programas y respecto de esta atención haga un uso electoral”.
Rabindranath Salazar Solorio, senador del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que con los dos millones de pobres más “es evidente que los programas no están funcionando”, por lo que coincidió en que se requiere un cambio de rumbo en la implementación de la política social.
La senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN, recordó que de acuerdo con el nuevo paradigma que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y esto debe reflejarse en la política de desarrollo social.
Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, precisó que la Cruzada Nacional Contra el Hambre se trata de una estrategia para coordinar a las dependencias del gobierno federal. Además, reconoció que existen esfuerzos loables en esta materia, pero tal vez dispersos, que podrían potenciarse de manera más sólida.
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