Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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El Senado pidió a la Procuraduría General de la República que investigue y consigne a los responsables de contratar créditos bancarios irregulares para la deuda pública de Coahuila, durante la gestión de Humberto Moreira Valdés, utilizando documentos alterados y falsificados para tal efecto.

En el resolutivo, que se consideró como de urgente resolución, también se solicita que, en su caso, la PGR lleve a cabo las indagatorias correspondientes por enriquecimiento ilícito de los involucrados.

Los senadores también aprobaron que la Auditoría de Fiscalización Superior de la Federación realice una auditoría financiera y de desempeño al gobierno del estado sobre los 33 mil 867 millones de pesos asumidos como deuda pública estatal, que podrán ser pagados por recursos provenientes de las aportaciones federales.

En este sentido, exhortaron a los diputados del Congreso de Coahuila a efectuar las acciones pertinentes para garantizar la plena transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y aplicación de dichos recursos.

Los legisladores consideraron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe informar si ha investigado las irregularidades de créditos apócrifos realizados por el estado y sancionado a alguna institución crediticia por haberlos autorizado con documentos falsos.

Asimismo, la Cámara de Senadores solicitó que la PGR informe si ejerció en tiempo y forma la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 7 de agosto de 2011, por violación a la Carta Magna y a la Constitución de la entidad.

Al presentar la propuesta, el senador panista Guillermo Anaya Llamas refirió que el pasado 18 de agosto, el Congreso de Coahuila aprobó un decreto por el que se reconoció como deuda pública estatal y se autorizó llevar a cabo operaciones de refinanciamiento  para su posterior pago, la cantidad de 34 mil 765 millones de pesos.

La mayor parte de la deuda, dijo, “fue contratada por el entonces gobernador Humberto Moreira sin la previa autorización del Congreso del estado”.

Señaló que las leyes de Ingresos de la entidad  para los ejercicios fiscales del 2006 a 2011, autorizaron al Ejecutivo estatal contraer diversos endeudamientos que no excedían de más de siete mil millones de pesos.

“Los montos de deuda autorizados por el Congreso del estado --advirtió-- fueron mucho menores al monto de deuda contraída por Moreira, lo que implica una clara violación a las normas constitucionales y legales que nos rigen en materia de empréstitos”.

Mencionó que a la fecha se encuentran en curso las denuncias penales presentadas por presunto enriquecimiento inexplicable y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Vicente Chaires, quien fue secretario de Operación y Administración del Gobierno de Coahuila en el gobierno de Moreira.

Además, la Fiscalía del estado investiga otra denuncia penal en contra de quien fuera secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria, Javier Villarreal Hernández, y de quien resulte responsable, por haber tramitado dos créditos por un monto de 3 mil millones de pesos, sin autorización del Congreso.

Al respecto, su compañero de bancada, Ricardo García Cervantes, manifestó que la impunidad y la corrupción son estímulos para que continúe la degradación de las instituciones y se aleje la sociedad de sus representantes.

En este sentido, expresó que si no se presentaron documentos falsificados para contratar deuda como sostuvo la Secretaria de Hacienda,  los funcionarios que lo afirmaron deben ser castigados, pero si no se acusó en falso tiene que hacerse justicia “al margen de las militancias y las posiciones políticas”.

Al fundamentar su voto en contra, el senador priista Francisco Arroyo Vieyra dijo que algunos de los planteamientos del punto de acuerdo son ociosos porque ya se venció el plazo para interponer una controversia constitucional, se han abierto averiguaciones y el Congreso de Coahuila convalidó las autorizaciones sobre la deuda.

Subrayó que la inversión en la entidad  “está a la vista” y no le corresponde al Senado “linchar a nadie”, por lo que llamó a no hacer de la discusión sobre la deuda pública de los estados una “venganza política”.

Al respecto, su compañero de bancada, Carlos Jiménez Macías, resaltó que el tema de la deuda pública en el país “es preocupante”, ya que no hay ningún estado --incluyendo los gobernados por el PRD y PAN-- que se salve, pues es la única manera de alcanzar los propósitos de sus gobiernos.

Aseveró que en los últimos tres años de la pasada administración, Coahuila se mantuvo en primer lugar en muchos aspectos de desarrollo, “y ahí están  las pruebas que hicieron las calificadoras respectivas”.

Por el PRD, el senador Pablo Gómez Álvarez consideró que “mal haría el Senado” si no se ocupa del caso, porque  en seis años la velocidad con la que creció la deuda estatal fue “vertiginosa”.

Señaló que es necesario que se agilicen las averiguaciones y se procede conforme a la Ley, “porque aquí los escándalos duran mucho y las autoridades no responden con la velocidad que se requiere”.

En tanto, el senador del PT Ricardo Monreal Ávila aseguró que en este caso se configuran varios delitos como el peculado, enriquecimiento ilícito o el ejercicio indebido de funciones, previstos  en el Código Penal de la entidad, pero “nada se hará” porque está de por medio la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Si hubiese justicia y una rendición de cuentas --afirmó-- se procesaría a Moreira y los responsables, ya que no debieron haber prestado documentos falsificados para aumentar la deuda reconocida de 7 mil millones de pesos a 33 millones de pesos.

A su vez, el senador Luis Walton Aburto, de Movimiento Ciudadano, planteó que no se puede dejar pasar el tema, pues también se habla de que la deuda podría llegar a 45 mil millones de pesos, “una cantidad desastrosa” para la entidad.


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