Número-493
- Fallo sobre el uso de la marihuana generará un debate ordenado en las Cámaras y en las instituciones: senador Miguel Barbosa Huerta.
- México debe reconocer que la violencia que existe en el país se origina en el consumo local de estupefacientes, señala César Gaviria.
La política prohibicionista para el combate a las drogas ha fracasado y México requiere comenzar a explorar nuevos enfoques y conocer las experiencias que en esa materia han asumido países europeos, Estados Unidos y Uruguay, consideraron especialistas que participaron en el Seminario “Asumiendo el control: régimen de drogas y salud pública”.
Al inaugurar el encuentro, el presidente del Instituto Belisario Domínguez, senador Miguel Barbosa Huerta, señaló que este foro se realiza en un momento oportuno por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se reconoce la capacidad del individuo para su mejor desarrollo y dotarlo de la decisión del autoconsumo.
Apuntó que el fallo sobre el uso de la marihuana generará un debate ordenado en las cámaras y en las instituciones, para la construcción de una nueva legislación y nuevas políticas públicas sobre este tema.
Luego de la resolución de la Corte habrá toda una dinámica, toda una sinergia para que el Poder Judicial de la Federación abra un debate ordenado. En las cámaras, en las instituciones, tendrá que haber argumentos para que se genere una nueva legislación y nuevas políticas públicas, comentó.
César Gaviria, ex presidente de Colombia, refirió que la sociedad estadounidense aprueba la legalización porque está fatigada de una política que fracasó, porque ahora en cualquier esquina o en cualquier parte les venden a los jóvenes la marihuana.
“No pueden conseguir alcohol, que está regulado, eso es casi imposible para un muchacho, pero (sí pueden) conseguir marihuana o cocaína o cualquier droga, en cualquier esquina”, indicó.
El también integrante de la Comisión Global de Políticas de Drogas dijo que el prohibicionismo “se está derrumbando lentamente” y, en este sentido, señaló que la decisión que asumió la Corte de Justicia en México corresponde a ese nuevo sentir de la humanidad.
“Si en Estados Unidos están avanzando en ese sentido, si ya se convencieron que la política fracasó, ¿Por qué México no va a empezar a pensar si el camino correcto es recorrer el camino de la regulación, el camino de que el Estado tome el control, no de que la gente haga lo que quiera?”, planteó.
Reiteró que la política que existe ya no funciona y es necesario “empezar a explorar nuevos enfoques, nuevos caminos mirando las experiencias europeas, la experiencia de Estados Unidos, de Uruguay, de Portugal”.
Mencionó que México debe reconocer que la violencia que existe en el país se origina en el consumo local de drogas y “en América Latina, por donde uno camina, dicen lo mismo, pero cada día descubrimos que es mentira”, y por ello México y Colombia estamos obligados a aprender a manejar nuestro problema de manera inteligente, a trabajar con reducción de daños, a trabajar con regulación.
Resaltó que la nación mexicana posee autoridad moral en el tema de drogas, porque a diario enfrenta grandes desafíos, por ello es necesario dar un giro a la actual política prohibicionista, “esto tiene que empezar a cambiar mucho más pronto y mucho más rápido”.
“Nosotros mismos tenemos que empezar a hacer lo que estamos reclamando que Estados Unidos haga, y es que acabe con esos monstruosos mercados ilegales, acabe con el encarcelamiento masivo de gente. Tienen más de medio millón de personas en la cárcel”, comentó.
Ruth Dreifuss, ex presidenta de Suiza, coincidió en que “México ha sufrido mucho por la guerra contra las drogas”, ha hecho todo lo posible para impedir el tráfico de estupefacientes, pero “no ha tenido impactos positivos y lo que hemos visto es un aumento de los niveles de violencia, desaparición, extorsión y desplazamiento”.
Nuestro país, dijo, tiene la oportunidad de cambiar su ruta, de buscar nuevos enfoques y de ser innovador en sus políticas sobre la materia.
Recordó que la niña Graciela Elizalde es la única persona en México que tiene acceso a un producto derivado de la planta de cannabis y con la decisión de la Suprema Corte cuatro personas más van a tener el derecho a cultivarla para su consumo personal.
“Esos son logros importantes, pero hay muchas personas que también quisieran tener ese mismo acceso para su consumo medicinal y recreativo”, enfatizó.
Consideró que el tratamiento no siempre tiene que estar basado en la abstinencia y debe ser accesible para cualquier persona que lo necesita. Se estima, acotó, que más de la mitad de los 600 mil mexicanos que mueren cada año requieren cuidados paliativos, incluyendo el tratamiento de dolor.
Aunque las convenciones internacionales permiten la investigación y el uso medicinal de las sustancias controladas, el estigma y los obstáculos creados por las instituciones nacionales y mundiales han resultado en una escasez de investigación.
Necesitamos más información y evidencia sobre estas sustancias, incluyendo datos sobre la planta de cannabis, que es un caso particular, indicó.
Dijo que los gobiernos deberían establecer planes claros para quitar las barreras y crear políticas de drogas que se enfoquen en la salud pública y los derechos humanos, y que quiten el estigma asociado a estas medicinas y que capaciten a profesionales de la salud, además de incluir una regulación legal.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, mencionó que para la regulación una ruta es seguir el camino de los amparos y la otra está en la cancha del Congreso de la Unión en lo relativo a la legislación, así como la discusión, análisis y presión “para que el Presidente de la República pueda liderar en el ámbito global un asunto que ya no se le puede dar vuelta a la hoja”.
“Vamos a esforzarnos para que sea un tema de todos los grupos parlamentarios y una discusión desde todos los aspectos que nos importan, destacando los derechos humanos y la salud pública”, agregó.
La directora del Instituto de Las Américas en Miami, Felicia Knaul, dijo que el sistema internacional de control de drogas sigue siendo un marco que obstaculiza la salud pública e impide cerrar la brecha de dolor, ya que los gobiernos limitan el acceso a medicamentos controlados al asumir un enfoque de justicia criminal, “en lugar de uno que priorice la salud pública basado en evidencia”.
Aseguró que México tiene un marco jurídico aislado y divorciado de la salud pública, pues hay una ausencia de un sistema de evaluación y monitoreo de los avances de este rubro.
Dijo que es indispensable crear una política que impulse un constante y fluido intercambio de conocimientos entre instancias mexicanas e internacionales, a través de una plataforma permanente, con una sólida, sensata y sensible métrica, que permita medir los avances para saber cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial.
Manifestó que no se puede hablar de una cobertura universal en salud mientras existan pacientes y ciudadanos que viven y mueren sin tener acceso a los cuidados paliativos, por ello se tiene que garantizar que el Seguro Popular tenga un espacio para el control de dolor, así como un cuerpo de médicos y enfermeras capacitados en este rubro.
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