Número-490
- Congresos y gobiernos deben impulsar proyectos urbanos, antes de que los desarrolladores se apropien de terrenos.
- Deben crearse incentivos políticos, para evitar que alcaldes y gobernadores den autorizaciones de forma desordenada.
Expertos internacionales y servidores públicos del gobierno federal pidieron al Senado de la República crear una legislación que permita el crecimiento urbano ordenado, pero que también evite el aumento de la pobreza, especialmente de las zonas denominadas “cinturones de miseria”.
Para ello, advirtieron, se requiere que las leyes fortalezcan los proyectos urbanos de los gobiernos estatales y, particularmente, municipales, a fin de que estos se concreten antes de que los desarrolladores de zonas residenciales y comerciales se apropien de terrenos.
Además, consideran, son necesarios incentivos políticos para revertir la tendencia de gobernadores y presidentes municipales que autorizan, de forma desordenada, permisos para la construcción de unidades habitacionales o centros comerciales.
Lo anterior durante el Segundo Diálogo de Urban Thinkers Campus México rumbo a Hábitat III, donde el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, senador Francisco Búrquez Valenzuela, consideró que la planeación urbana se debe realizar con creatividad, formas sencillas y flexibles, y sobre todo se debe anteponer al habitante como el centro y actor principal de la construcción en la ciudad.
Refirió que en el libro “El plantea de las ciudades”, de Shlomo Angel, se documentan datos duros porque se estudian miles de ciudades, se plantean los modelos que han funcionado y los que no, así como el diseño y las regulaciones de las ciudades y políticas de vivienda.
“El mundo se está reinventando, prácticamente todos los libros se están reescribiendo en la economía, la sociedad y la política”, enfatizó el senador del Grupo Parlamentario del PAN.
Shlomo Angel, del New York University Stern Urbanization Project, advirtió por su parte que en México el punto principal a resolver es que las autoridades de gobierno concreten proyectos urbanos, con un crecimiento que implique la protección de áreas naturales y delimitación de zonas de riesgo, antes de que los desarrolladores adquieran terrenos para la edificación de zonas habitacionales, de comercio y oficinas.
“El gran reto es organizar, diseñar antes de la ocupación, de eso se trata la planeación urbana, porque una vez que llegan los desarrolladores y edifican, ya no puedes construir caminos, ni proteger áreas verdes”, pero además, subrayó, no puedes tener un control con éxito del crecimiento de las ciudades, y esto fomenta el crecimiento de la pobreza.
Ejemplo de ello, abundó, es la falta de planeación de caminos que conecten a las ciudades, lo cual es preocupante por las repercusiones económicas que involucran al transporte público, al comercio, a la dotación de servicios, y en donde se permiten desarrollos sin infraestructura, pues existe mayor pobreza.
Al hablar del aspecto político, destacó que la nueva ley debe revertir las severas contradicciones que existen entre la planeación urbana y el plan de gobierno, como en el caso de Chihuahua, donde los desarrolladores compran terrenos donde no está autorizada la urbanización, “porque esperan a que llegue un alcalde amigable que revierta la norma, pero por lo pronto ya subdividieron el terreno, y no se permite que los especialistas hagan propuestas” para un crecimiento urbano ordenado y sustentable.
La falta de planeación urbana, advirtió, ha derivado en que se pretenda una contención con éxito, que consiste en permitir el crecimiento vertical en zonas ya urbanizadas, pero esto incrementa el precio de la vivienda y la hace inaccesible a la mayoría de la población. La contención no exitosa es la construcción en zonas suburbanas, carentes generalmente de servicios y que, por ende, no benefician a los pobres.
El representante de ONU-Hábitat, Erik Vittrup, subrayó por su parte que un tema clave es establecer una nueva visión del derecho de las ciudades, que facilite el desarrollo de modelos nuevos, innovadores, de expansión y consolidación urbana. Ello es prioritario, subrayó, porque las ciudades en México crecerán exponencialmente en los próximos 20 años y, de no lograr que sea de forma ordenada, se corre el riesgo de expandir los cinturones de miseria.
Ante ello, se pronunció porque el Congreso de la Unión y las instituciones de los gobiernos federal, estatales y municipales conjunten esfuerzos con los grandes consorcios privados de desarrollo, a fin de que hagan concordar sus respectivas propuestas hacia la conformación de ciudades sustentables.
La directora de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Paloma Silva de Anzorena, destacó por su parte la necesidad de que la legislación prevea la planeación a futuro y con ello evitar permisos, particularmente en los municipios, para edificaciones en zonas de alto riesgo.
Es necesario además ordenar el territorio a futuro, es decir, evitar que aumente la brecha de desigualdad entre la población, al permitir que quienes vivan a la orilla o en las cercanías de los caminos sea la gente rica, en tanto que a los pobres se les destinan las zonas a los márgenes de las ciudades.
Janeth de Luna, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se pronunció por generar “ganancias políticas” para gobernadores y presidentes municipales que no permitan el crecimiento urbano desordenado.
Es decir, explicó, se debe crear una “renta política” a través de sistemas como la reelección, para que gobernadores y alcaldes piensen en el costo político negativo que les puede representar conceder permisos de construcción, sin criterios de orden o protección a zonas naturales, en el último año de su administración.
