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El senador panista Ricardo García Cervantes presentó una iniciativa para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero.
El legislador recordó que en septiembre presentó una propuesta de reforma constitucional en la que propone crear dicha Fiscalía, la cual ya se encuentra en comisiones para su dictaminación correspondiente.
Por ello, explicó, “ahora se presenta la propuesta de ley orgánica que normará tanto la estructura como el funcionamiento de dicho órgano autónomo del Estado mexicano”.
Expuso que este organismo tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar los actos de corrupción, así como preservar la integridad de los poderes de la Unión, de los estados, del Distrito Federal y también de los órganos constitucionales autónomos.
García Cervantes advirtió que la corrupción y el lavado de dinero representan “amenazas directas” a la economía nacional por los efectos nocivos que provocan como una distribución desacertada de los recursos públicos.
Además, agregó, fomentan políticas inapropiadas e insensibles, reduce los niveles de inversión de competitividad y de eficacia.
Por ello, resaltó que de crearse la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero ésta perseguirá de oficio todos los delitos de corrupción, además de los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, cometidos por cualquier integrante de los poderes de la Unión.
Le corresponderá solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos y hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita.
Indicó que la fiscalía estará presidida por un fiscal nacional, cuya designación será hecha conforme a la convocatoria emitida por el Senado de la República y podrá ser elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.
El fiscal durará en su encargo ocho años y podrá ser reelecto por una sola vez, además para ser removido de sus funciones, por violaciones a la ley o a la Constitución, se deberá efectuar juicio político en su contra.
Además, planteó la creación del Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos que incluye los registros de los poderes de la Unión, al cual tendrá acceso sin restricción alguna la Fiscalía.
La iniciativa se envió a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
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