Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-410

  • Presenta iniciativa para que se incluyan todos los datos sobre contrataciones en mecanismos como CompraNet.
  • El objetivo, combatir la corrupción en esta área.

El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso reformar las leyes de Obras Públicas y Servicios, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de combatir la corrupción en los procedimientos de contratación y fortalecer los mecanismos de transparencia como CompraNet.
Con ello, dijo, se busca obligar al servidor público a que dé a conocer toda la información que dispone en esta materia y la incluya en los sistemas diseñados en materia de transparencia.
Precisó que con esta medida no habrá oportunidad de transgredir sus atribuciones para obtener algún beneficio particular, en detrimento de los recursos públicos; es decir, “para que no tenga margen de realizar acciones corruptas”.
Señaló que es necesario trabajar en el diseño e implementación de medidas normativas para aminorar la corrupción que se presenta en las contrataciones de obra pública; acciones, agregó, que deben estar encaminadas a fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como sanciones más efectivas y contundentes.
Ello, puntualizó, para que se impida a los funcionarios gubernamentales la comisión de irregularidades en los procedimientos de contratación.
Mencionó que la corrupción en México merma el crecimiento del país, reduce la productividad del gasto público, inhibe la transparencia y rendición de cuentas, distorsiona la asignación de recursos y profundiza la desigualdad social, situación que se traslada a todas y cada una de las entidades federativas de nuestra nación.
Explicó que las licitaciones públicas son el método contractual de mayor aceptación y uso a nivel nacional e internacional, debido a su versatilidad para la obtención de obras y servicios con precios bajos.
Sin embargo, dijo, este mecanismo ha sido usado de manera sistemática para beneficiar “a ciertas empresas que en colusión con funcionarios públicos, y con el argumento de obtener el menor monto han defraudado el erario público”.
Además, se usan en exceso y de manera discrecional las figuras de adjudicación directa o invitación, lo que ha limitado la competencia entre proveedores, pues se hace inexistente el juego entre oferta y demanda.
Aunado a ello, comentó que no existen responsabilidades para los servidores públicos que no envían la información correspondiente a la Secretaría de la Función Pública para su inserción en el sistema CompraNet.
La iniciativa se envió a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictaminación correspondiente.

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