Número-371
- Avalan senadores incluir cambios al régimen transitorio del proyecto que les turnó la Cámara de Diputados.
- Todos los grupos parlamentarios fijan su postura a favor de la realización de esta reforma.
El Pleno del Senado de la República comenzó en la sesión ordinaria de este jueves el debate en torno a la minuta que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo.
El dictamen a este proyecto avala los cambios a los artículos 26, 41 y 123 constitucionales, a fin de desvincular al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia en el pago de obligaciones o supuestos que se establecen en leyes federales y estatales.
Para sustituir al salario en este tipo de mediciones, se prevé crear la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor será calculado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los términos que señale la ley reglamentaria.
Asimismo, la asamblea aprobó, en votación económica, modificaciones propuestas por las comisiones dictaminadoras a los artículos 2º, 5º y 9º transitorios, para precisar que el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de entrada en vigor del decreto, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente.
En tanto, el valor inicial mensual de la unidad, a la fecha de entrada en vigor de este proyecto, será producto de multiplicar el valor inicial por 30.4. Por su parte el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12.
También se incluyó que el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del decreto.
Mientras se promulga esta ley, los senadores establecieron los criterios para determinar el valor de la unidad de medida y actualización.
Se establece que en un plazo máximo de un año --contado a partir de la entrada en vigor del decreto-- el Congreso, legislaturas locales y administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno tendrán que realizar adecuaciones a leyes de su competencia, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.
En el dictamen se menciona que la utilización del salario mínimo como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas o reguladas por la ley, o como unidad de referencia en la economía, ha minado su naturaleza y propósito como un derecho humano, de carácter social.
Lo anterior, ha propiciado que durante los procesos de negociación en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, existan diversas presiones para impedir mejoras salariales debido a que su aumento impactaría en las tarifas para el pago de obligaciones, créditos, derechos, contribuciones, sanciones administrativas, penales, entre otros.
Es por ello, se agrega, que su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas de leyes ha terminado, por lo que esta reforma debe ser el primer paso de una estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios, y favorecer así el bienestar y dignidad de la población.
Al presentar el dictamen, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que en más de un centenar de leyes federales y estatales se utiliza la referencia al salario mínimo para el cálculo de multas y sanciones administrativas, penales, financiamiento de partidos políticos y establecimiento de topes de gasto de campaña, entre otros.
Dijo que ese uso está vinculado a los periodos de inflación de los años 70 y 80 del siglo pasado, lo que provocó la limitación del poder adquisitivo de este recurso, por lo que esta reforma busca desvincular el salario de estas medidas e impulsar su fortalecimiento.
A nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Ernesto Gándara Camou, reconoció que existe un deterioro innegable del poder adquisitivo del salario, además, indicó que la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) dio a conocer que México es el único país de América Latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no hizo nada para propiciar su recuperación.
Por ello, consideró que con la aprobación de esta reforma surge una oportunidad de cambio para atender de manera inmediata este problema y para analizar la legislación ordinaria derivada del mandato constitucional, a fin de fortalecer el salario en el país “sin demagogias y cosas irreales”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez destacó que este dictamen es un paso importante para iniciar un proceso de recuperación de los salarios en términos reales.
Subrayó que no se deben generar falsas expectativas sobre un proceso de recuperación automático, ya que después de tres décadas de contención salarial se requerirán políticas públicas específicas y fondos públicos especiales, porque las “resistencias por parte del sector empresarial, independientemente del establecimiento de un nuevo mecanismo para la fijación de los salarios mínimos, van a prevalecer”.
Al manifestar su voto particular, el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso modificar el dictamen para redefinir el concepto de salario mínimo, como un derecho humano fundamental de los trabajadores para satisfacer “necesidades vitales”, como la alimentación y educación.
Consideró que únicamente desindexar el salario mínimo, no permitirá alcanzar una verdadera recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, que ha registrado una caída de más del 70 por ciento, el más bajo en América Latina después del de Haití.
Al iniciar los posicionamientos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PT, senador Manuel Bartlett Díaz, destacó que sin duda su partido está a favor de la desindexación de los salarios mínimos; sin embargo, reprochó que legisladores del PAN y PRI se nieguen a hablar respecto a los “sacrificios” que se impusieron a los trabajadores a través de la reforma laboral.
“El salario mínimo en México es de los peores del mundo, es una gran mentira, si eso no lo dicen, no tienen autoridad moral. Sabemos que el gobierno mexicano está con los grandes intereses económicos de mexicanos y extranjeros”, subrayó.
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Jorge Aréchiga Ávila consideró que con la reforma se podrá dar un mayor aumento en el salario mínimo, sin afectar el monto de las obligaciones y sanciones que establecen las leyes federales, de las entidades y del Distrito Federal.
De ahí, agregó, la necesidad de que después de la aprobación de la enmienda constitucional se realicen las adecuaciones necesarias en el marco jurídico federal, estatal y municipal, a fin de eliminar toda unidad de medida basada en el salario mínimo como multas y prerrogativas, con lo que prevén más de 700 modificaciones en diferentes ordenamientos en materia mercantil, civil, laboral y penal.
Se trata, agregó el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, de una medida para enfrentar las causas que han provocado que la economía mexicana, por más de 20 años, sólo haya registrado en promedio un crecimiento del dos por ciento, en un país donde persiste la pobreza y la desigualdad a pesar de las políticas pública para su atención.
Afirmó que actualmente “43 por ciento de la población vive en pobreza salarial”, pues por más que trabajen no les alcanza para obtener “la canasta mínima de bienestar”, por lo que suprimir la dependencia de multas y tarifas al salario mínimo es un paso fundamental para alcanzar un nuevo pacto nacional enfocado al crecimiento y desarrollo de México.
El senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN, planteó eliminar de los artículos transitorios la forma en que se habrá de calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización, para que sea el Congreso el que establezca dichos montos, mediante la expedición de la ley que corresponda. Que el referente para calcular la unidad no sea la inflación, sino un índice menor, precisó.
Adelantó su voto a favor, tras recordar que durante los últimos 30 años el salario mínimo perdió su valor adquisitivo en 85 por ciento; por ello, dijo, es necesario desvincularlo como unidad de medida.
Al fijar la posición de Grupo Parlamentario del PRI, el senador Isaías González Cuevas, dijo que su bancada respaldará la desindexación del salario mínimo como papel de unidad de cuenta y establecer, así, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como el inicio de una política de recuperación del poder adquisitivo del salario en el país.
La desvinculación del salario es otro paso para el paso hacia el equilibrio en los factores de la producción y remuneración; deben estar ligados a las condiciones de mercado y desempeño de su propia eficacia para que tengan un desarrollo sustentable, agregó.
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