Número-355
- Sistema penitenciario debe reformarse; la cárcel para mujeres no es buena idea para generar justicia.
- Importante trabajar juntos para que la readaptación social de hombres y mujeres sea una realidad
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, destacó que en la Legislatura pasada presentó una iniciativa de reformas para autorizar la pre-liberación de personas sentenciadas por delitos patrimoniales de baja cuantía, por delitos contra la salud sin violencia y sin antecedentes penales por comisión de ilícitos, con la que “aproximadamente 14 mil mujeres podrían salir de centros federales de reclusión, si se aprobara”.
Al participar en el foro “Mujeres en el Sistema Penitenciario: el reto de impartir justicia con perspectiva de género”, agregó que existen formas menos costosas para reconfigurar el sistema penitenciario.
Además, señaló que en la discusión de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que está a punto de concluir su proceso legislativo, los senadores se encuentran revisando la posibilidad de alternativas a la prisión, de reducir el uso intensivo de la cárcel, y la inclusión de programas de reinserción social en libertad, encaminados fundamentalmente a mujeres, bajo supervisión judicial.
Detalló que ocho de cada 10 mujeres en México fueron sentenciadas por delitos contra la salud; una de cada 100 tiene antecedentes penales; y nueve de cada 10 no portaba armas al momento de su detención; “en suma, la mayoría de estas mujeres no constituyen un riesgo significativo para sus comunidades”, pero sí afectan directamente en la integridad de sus familias.
Asimismo, advirtió que el sistema penitenciario mexicano tiene que reformarse de fondo, crear incentivos más adecuados, una visión diversa y entender que la prisión no ha servido para garantizar la seguridad pública ni para evitar la reincidencia. “La cárcel nunca ha sido una buena idea, y la cárcel para las mujeres es una pésima idea para generar justicia en el país”, subrayó.
El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, reconoció que hablar del sistema penitenciario mexicano para mujeres, es hablar de violación de derechos humanos, de injusticia, de inequidad y de un drama social de muchas familias mexicanas, en especial, de niños que crecen lejos de su madre o en condiciones de desigualdad.
Tras subrayar el aumento de la participación de mujeres en delitos de alto impacto, destacó que los tres poderes de la Unión deben garantizar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia. Además, subrayó que el marco jurídico no sirve, pues el sistema penitenciario no cumple con la reinserción social ni con la obligación básica del Estado de dar dignidad a quienes están en los reclusorios.
En este sentido, el legislador del Grupo Parlamentario del PAN explicó que en el Senado se trabaja en un proyecto de Ley Nacional de la Ejecución Penal, el cual, debe contemplar que mujeres y hombres reciban un trato digno en los centros penitenciarios, que se respeten los derechos de las mujeres, maternidad e hijos, que observe la obligación del Estado mexicano y, de manera especial, del Poder Legislativo para contribuir a su cumplimiento.
En tanto, la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrante de la Comisión Para la Igualdad de Género, resaltó la necesidad e importancia de conocer qué sucederá con las mujeres una vez que salgan de un centro penitenciario, es decir, cómo se hará su proceso de readaptación a la sociedad.
No se trata sólo de aplicar la ley, pues si eso es lo que se pretende el éxito sería tener más cárceles. Lo principal, subrayó, es que no se ocupen las cárceles y observar que una vez que las mujeres cumplan con su pena, se readapten, tengan una calidad de vida importante y no regresen a dichos centros.
Por tal motivo, dijo la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI, es importante trabajar juntos para que la sociedad acepte tanto a hombres como mujeres, ver que se respeten sus derechos humanos y que, en el caso de las mujeres, se tome en cuenta si tienen hijos o si trabajan, entre otras situaciones.
La coordinadora institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C, María Sirvent Bravo Ahuja, dijo que se requiere una Ley nacional clara que elimine ambigüedades y que integre la perspectiva de género, ya que en México las mujeres privadas de libertad representan el 5.28 por ciento de la población, es decir, más de 13 mil mujeres en prisión.
Señaló que la falta de aplicación de medidas distintas a la prisión preventiva, la reticencia de las autoridades para juzgar con perspectiva de género y la falta de una política de seguridad pública cuyo propósito sea la dignidad humana, han provocado un incremento constante de las mujeres en prisión.
Asimismo, precisó que en el país sólo existen 14 centros exclusivos para mujeres donde vive el 37.17 por ciento de la población femenil, el restante 62.82 se encuentra en centros mixtos donde comparten espacios comunes con los hombres.
A su vez, Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres A. C, consideró alarmante el aumento de la tasa de mujeres encarceladas, ya que durante los últimos 10 años ha registrado un incremento por arriba del 100 por ciento, en comparación de los casos de varones detenidos.
Dijo que el delito de drogas es la principal causa de encarcelamiento de éstas, el 50 por ciento de las que se encuentran en prisión están acusadas por delitos de fuero federal que conllevan a sentencias mayores a los 10 años, sin que puedan considerar medidas alternativas al encarcelamiento.
Precisó que el 98 por ciento de las reclusas no tienen antecedentes penales, son responsables de delitos no violentos, pobres, de bajos estudios, problemas de salud mental, usan sustancias psicoactivas, están marcadas por violencia sexual y son madres solteras. Son los eslabones más bajos en la cadena del crimen organizado al ser cultivadoras, transportadoras, introductoras de drogas a centros de reclusión, son “mulas”, no saben el valor de lo que transportan y su detención no afecta la dinámica del narcotráfico.
Adicionalmente, Leticia Bonifaz Alfonzo, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la Corte se encuentra realizando acciones importantes por el tema de cómo juzgar mejor con perspectiva de género; y existe un protocolo que fue distribuido a todos los jueces de la República.
Comentó que se deben generar sanciones alternativas, porque no todos los delitos que son cometidos por mujeres deben terminar con prisión, porque se generan graves injusticias, con mujeres embarazadas y los niños que nacen y crecen en la cárcel, por ejemplo.
