Número-320
- Senadores del PRD y PAN advierten que no se han puesto en marcha programas de protección contra el tráfico y explotación de menores.
- Deben detectarse los “hoyos negros” donde se dispersan los recursos destinados a la protección de la infancia: Bucio Mújica.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República, Martha Elena García Gómez, refirió que desde el pasado mes de junio el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo hincapié en su recomendación a México para que en el Presupuesto de 2016 se asignen los recursos necesarios para garantizar la aplicación de dicha ley.
Es prioritario atender ello, puntualizó la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN, pues en dos meses se cumplirá un año de la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y enriquecida en el Senado, sin que en 2015 se hayan etiquetado recursos.
En ello coincidió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, al puntualizar que este vacío presupuestal no ha permitido cumplir objetivos sustantivos para la protección de la infancia, como la realización de un diagnóstico sobre las instituciones privadas que atienden a niños en situación vulnerable, a fin de emprender estrategias para impedir que se repitan casos como el de Casitas del Sur y La Casa de Todos.
Pese a que en el primer caso se registraba tráfico de menores, y en el segundo explotación infantil, subrayó la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD, a la fecha no es posible establecer un solo protocolo en todo el país para regular estas instituciones privadas y que se garantice la debida atención de los niños, bajo la perspectiva de la legislación nacional y del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
La carencia de recursos, agregó de la Peña Gómez, impide que se ponga en marcha el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; por ende no se puede cumplir el compromiso del gobierno federal y del Congreso para garantizar la protección de sus derechos.
Otro tema pendiente de gran relevancia es la migración: “No es posible que en México siga dándose un maltrato a niños migrantes que viven en crisis humanitaria” destacó Angélica de la Peña al pronunciarse porque se garantice un trato digno a los infantes de Centroamérica.
En este mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión de Educación, senador Juan Carlos Romero Hicks, quien calificó como una “gran contradicción” y “falta de congruencia” que el Ejecutivo federal proponga en el Presupuesto de Egresos de 2016 menores recursos a la atención de la niñez.
Dijo que esto no puede justificarse con el argumento de que el gasto público es transversal y mediante varios programas se respalda a la infancia, ya que “en la Cámara de Diputados no se discute un piso --presupuestal-- es un sótano. Se sacrifica al 40 por ciento de la población, lo que es injusto. Podemos tener excusas, pero no tenemos derecho a fallar”, advirtió.
El legislador del Grupo Parlamentario del PAN apuntó que en el Congreso se requiere aplicar la autocrítica, pues actualmente están pendientes de análisis más de 20 leyes federales, que resultan necesarias para lograr armonizar la norma federal con las de los estados y municipios, y así establecer la línea que haga efectiva la protección de los derechos de la población infantil.
El representante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Jorge Cardona Llorens, indicó que México registra un importante avance al concretar una ley integral, “ahora toca que se apoye financieramente no sólo al DIF, sino al Nuevo Sistema Integral, pues sólo así se ofrecerán garantías a todos los niños del país”.
En esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “no debe ser un freno, sino motor. Los derechos cuestan, se debe invertir para que los niños lleguen a ser buenos ciudadanos”, enfatizó. Además, reprochó que las autoridades en materia económica no asistan a las convocatorias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
“No asisten nunca porque consideran que es tema de desarrollo social. Los funcionarios de Economía y Hacienda no asumen que son parte del Estado, como las demás entidades públicas, y que están obligados a cumplir los tratados para la protección de los infantes”, lo que abarca salud, educación y la garantía de su participación porque no son “objetos”, sino “sujetos” de derechos, acotó el representante del organismo internacional.
Cardona Llorens consideró que una tarea indispensable es evitar que se “pierda el rastro” de los recursos destinados a la infancia al trasladarlos a estados y municipios; de ahí que se deba emprender una estrategia que parta de realizar un diagnóstico sobre las necesidades de los infantes, seguida de un análisis del impacto a provocar a su favor, y así determinar los programas a fortalecer.
Así lo reconoció el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, al referir que para 2016 se prevén en el presupuesto más de 743 mil millones de pesos a la atención de la infancia, en un anexo que se reproduce en todos los congresos locales, “pero no da cuenta de la posibilidad que da el presupuesto para garantizar derechos”.
Insistió en que los recursos se dispersan en “hoyos negros” generados por cientos de programas federales, estatales y municipales, por lo que “se pierde la pista entre la obligación de la ley general de derechos de la infancia, la Convención de la ONU y el ejercicio de recursos; por lo que es importantísimo hacer esta liga” entre el gasto a nivel nacional y el aplicado localmente.
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