Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-283

  • Solicita también a la Cámara de Diputados que contemple en el PEF 2016 recursos suficientes para cubrir servicios de peritos e intérpretes traductores.
  • Suman 15 años de rezago en la aplicación de la ley; hay ocho mil indígenas en prisión y sólo 24 intérpretes.

El Senado de la República exhortó a los gobiernos estatales y congresos locales de las entidades federativas a incorporar en su legislación las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, al registrarse un rezago de 15 años en la aplicación de esta obligación plasmada en la Constitución Política.
Con este objetivo, solicitó también a las comisiones estatales de derechos humanos celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), para acceder a servicios de traducción e interpretación.
De igual forma, solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, los recursos necesarios para que las dependencias y entidades encargadas de la administración y procuración de justicia, y la defensa y protección de los derechos humanos, puedan cubrir los servicios de peritos intérpretes y traductores.
Al respecto, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, apuntó que desde agosto de 2001 se aprobó la reforma a la Constitución Política, para establecer en el artículo 2º que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte los indígenas, individual o colectivamente, se tomarán en cuenta sus costumbres y especificidades culturales.
Es decir, desde hace 15 años se estableció esta obligación para las autoridades de Estado, sin embargo la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas registra que actualmente hay ocho mil indígenas recluidos en centros penitenciarios y sólo se cuenta con 28 defensores públicos que conocen sus lengua.
Esto no obstante, puntualizó, que el segundo artículo transitorio refiere que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y locales que procedan, a fin de hacer efectivo para los pueblos indígenas el derecho de acceso a la ley.
El senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, respaldó este llamado a los estados, al subrayar que es obligatorio abatir el rezago en el cumplimiento de la Constitución Política, pues se trata de incorporar a 14 millones de mexicanos al acceso a la justicia.
Apuntó también la responsabilidad que tiene el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, para evitar la reducción de recursos, como ocurrió con la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígenas a la que le retiraron casi tres mil millones de pesos, de los cuales una parte se destinaba al programa de pago de fianzas a indígenas que cometieron algún delito menor, pero que no tienen recursos para pagar por su libertad.
En ese mismo sentido se pronunció la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN, al subrayar que incluso se han retirado recursos a programas fundamentales como las becas para que indígenas pudieran estudiar la carrera de derecho en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Lamentó que se proceda a retirar recursos a proyectos que ayudarían al propio Estado para dotar de competencia a los propios indígenas para que, con la compresión total de sus valores, puedan ejercer una efectiva defensa de quienes se encuentran sometidos a un proceso pero, sobre todo, a fin de que se cumpla el derecho de acceso a la justicia y este “no sea letra muerta en la Constitución”.
El senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI, se pronunció en este mismo sentido al subrayar que el reconocimiento jurídico de 364 lenguas indígenas obliga a garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos y el acceso a la justicia de sus ciudadanos.
Se pronunció finalmente por fortalecer los acuerdos entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y los gobiernos estatales, para lograr un marco legal uniforme en toda la nación, por lo que en la discusión del presupuesto se debe de destinar los recursos suficientes para intérpretes y defensores de oficio conocedores de sus usos y costumbres.

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