Número-238
- Fundamental, perfeccionar sistema jurídico mexicano en materia de combate a la corrupción.
- Plantea que este organismo imponga sanciones a servidores públicos y particulares por responsabilidades consideradas como graves.
El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo objetivo es perfeccionar el sistema jurídico mexicano en materia de combate a la corrupción.
Al presentar la propuesta, la senadora María del Pilar Ortega Martínez explicó que se pretende establecer la organización y funcionamiento del Tribunal, el cual estará integrado por la Sala Superior y las salas regionales, que podrán tener el carácter de especializadas o auxiliares; además contará con una Junta de Gobierno.
Planteó que la integración de la Sala Superior del Tribunal sea de 16 magistrados, quienes serán nombrados por el Presidente de la República y podrán ser ratificados por las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, o en los recesos, por la Comisión Permanente.
Del mismo modo, se propone otorgar potestad amplísima, a efecto de que la Sala Superior pueda decretar la práctica de cualquier persona, sea parte o tercero, con la finalidad de llegar al conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados o controvertidos.
El tribunal podrá conocer de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos, procedimientos que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, que declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.
Asimismo, tendrá competencia para conocer de las sentencias que por repetición impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios generados con motivo del pago de indemnización.
El Tribunal podrá imponer sanciones a los servidores públicos federales y organismos autónomos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados a esos hechos.
También, aplicará sanciones a los servidores públicos locales por las responsabilidades administrativas que la ley en la materia determine como graves por irregularidades en el manejo de recursos federales.
Ortega Martínez precisó que este organismo tendrá la facultad de determinar el pago de las indemnizaciones y sanciones resarcitorias pecuniarias, que deriven de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública federal y al patrimonio de los entes federales.
La legisladora destacó la necesidad de establecer el marco legal que permita que el Tribunal de Justicia Administrativa haga uso de sus facultades en materia de combate a la corrupción.
La iniciativa se envió a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación correspondiente.
