- Plantea un umbral de respaldo ciudadano equivalente al cero punto cinco por ciento de la lista nominal de electores correspondiente.
- Existe un intento en algunos estados para echar atrás esta conquista ciudadana y cerrar este nuevo espacio de participación: Miguel Barbosa.
El Grupo Parlamentario del PRD propuso reformar los artículos 35 y 116 de la Constitución Política, a fin de garantizar condiciones razonables, justas, equitativas y uniformes para aquellas personas que, desde la ciudadanía, pretendan conquistar un cargo de elección popular.
Asimismo, con estas modificaciones se busca revocar “los intentos que desde algunas legislaturas locales han pretendido hacer nugatorio este instrumento ciudadano”.
Al presentar la iniciativa, el senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del PRD en el Senado de la República, planteó que se establezca en la Carta Magna el deber de garantizar a los ciudadanos sus posibilidades de acceso a las candidaturas independientes, bajo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, sin someterlos a restricciones que tiendan a obstaculizar la eficacia de ese derecho.
Para ello, propuso un umbral de respaldo ciudadano equivalente, como máximo, al cero punto cinco por ciento de la lista nominal de electores correspondiente, y se deberá omitir toda exigencia relacionada con la distribución poblacional o geográfica en la demarcación electoral.
Del mismo modo, sugirió que los requisitos relativos a la idoneidad de la persona para ser candidato no podrán ser mayores a los exigidos a aspirantes de los partidos políticos, ni establecer restricciones relativas a su filiación partidista; establecer que los plazos para la obtención del respaldo ciudadano no podrán ser menores a 45 días.
Dijo que los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, tendrán el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral.
Barbosa Huerta advirtió que existe “un intento desde las entidades federativas para echar atrás esta conquista ciudadana; un intento de cerrar este nuevo espacio de participación y expresión cancelando la figura de las candidaturas independientes”.
Explicó que después del proceso electoral de este año en los congresos locales de diversos estados establecieron en sus constituciones y legislaciones electorales cargas y restricciones desproporcionadas para los candidatos independientes.
Especialmente ilustrativo resulta el caso de Puebla, donde se llegó al extremo de no sólo subir el porcentaje de apoyo ciudadano necesario a tres por ciento del padrón electoral del padrón electoral, sino que se sometió al ciudadano “al irracional y absurdo requisito de a personarse ante la autoridad electoral para que como parte del trámite se llene un formato y se pueda emitir un apoyo”.
Estas medidas, subrayó, representan una regresión en el espíritu democratizador de la reforma político-electoral, mediante la manipulación de las leyes locales.
Dijo que las candidaturas independientes, o de políticos sin partido, son un avance que constituye “un poderoso llamado de atención a las fuerzas partidarias en materia de democracia interna y en las reformas que deben realizar para eliminar las prácticas que los alejan de la población”, por lo que no pueden ser obstaculizadas ni secuestradas por grupos de poder en los gobiernos.
Enfatizó que si los partidos no cambian y se adaptan a las exigencias de una sociedad cada vez más plural y diversa, el electorado volteará la mirada y su voto hacia quién o quiénes consideran más cercanos, honestos y capaces o por simple simpatía, o por hartazgo a las propuestas tradicionales.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.
