Numero 209
- La ley debe considerar la indemnización a los afectados y castigo a los culpables.
- Actualmente, México no cuenta con un marco jurídico que reconozca a los desplazados internos como víctimas.
Debido a que diversas situaciones de violencia generalizada o catástrofes naturales han obligado a las personas a dejar sus lugares de origen, la senadora Mónica Arriola Gordillo, propuso modificaciones a los artículos 2 y 4 de la Ley General de Víctimas, a fin de garantizar protección y asistencia a los afectados por los desplazamientos internos forzados.
En la iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, la legisladora urgió a subsanar las deficiencias en la Ley, ya que no existe un marco jurídico que reconozca a los desplazados como víctimas y, por ende, no hay garantía al respeto de sus derechos humanos.
Explicó que en la propuesta se pretenden incorporar medidas preventivas, garantizar que en los lugares de asentamiento se cuente con alojamiento adecuado, alimentación, salud, vestido, higiene y seguridad; mientras que para aquellos que regresen a sus lugares de origen, la ley debe considerar la indemnización a los afectados y castigo a los culpables.
Además, proporcionar documentación que reconozca su personalidad jurídica, fomentar y apoyar el regreso de desplazados a los lugares de origen, siempre que existan condiciones para su regreso, de lo contrario facilitar la reinstalación e interacción de los desplazados en su nuevo lugar de residencia.
La senadora Mónica Arriola refirió el reporte dado a conocer a finales de 2013 por el Consejo Noruego para Refugiados, en el que reconoce que para ese año había 33.3 millones de desplazados internos en el mundo --4.5 millones más que en 2012-- el 63 por ciento se concentró en Siria, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo y Sudán.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en México, en 2010 había tres millones 290 mil 310 migrantes internos; por su parte el informe del Consejo Noruego dio a conocer que las luchas por el control de las rutas del narcotráfico, generaron un importante desplazamiento interno.
En la iniciativa, la legisladora independiente señala que en 2010 fue un año paradigmático de la violencia, ya que los enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad dejaron 11 mil 500 muertos.
Ante esto, señaló que México carece de un marco jurídico específico para la protección de desplazados internos. Dicho marco sería de gran utilidad para identificar responsabilidades concretas y exigir una mejor rendición de cuentas.
Reiteró que el Estado debe contar con una política de reparación de daños, crear una campaña de sensibilización en las comunidades de origen, tránsito y destino, para evitar que el desplazamiento represente una doble victimización a las personas.
La Ley debe contemplar a los desplazados internos como víctimas y promover medidas tutelares, que debe adoptar el Estado para protegerlos, así como la creación de un mecanismo para vigilar e informar sobre los desplazados internos forzados, sostuvo.
La solución a largo plazo debe ser fomentar y apoyar el regreso voluntario de los desplazados internos a sus lugares de origen o, en caso contrario, apoyo para reintegrarse y recuperar un modo de vida que les permita mantenerse, consideró la senadora Arriola Gordillo.
