Número-198
- Piden al Senado que se incluya la participación de ONG´s especializadas durante procesos a menores infractores
- Setec anuncia que elaboran indicadores de justicia para niños, niñas y adolescentes
El sistema de justicia para adolescentes enfrenta falta de transparencia: no existen garantías de que los recursos se asignen a la reinserción social y familiar de los menores infractores, aseguraron representantes de organizaciones sociales (ONG’s), en el marco del Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, organizado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
Durante la mesa “Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Sistema de Justicia para Adolescentes”, dirigentes de organismos sociales subrayaron la necesidad de que las autoridades de gobierno se abran a la participación de las agrupaciones especializadas en esta materia.
Martín Carlos Sánchez, director de Renace; y Ana Paulina Cerdán Corona, oficial del Programa del Centro de Colaboración Cívica; explicaron cuatro de las principales dificultades que observan las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas destacan la falta de transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de recursos al sistema de justicia para adolescentes, lo que se agrava debido a un presupuesto insuficiente.
En diversas entidades, aseguran, se han registrado casos en los que no se aplican los recursos para cumplir el fin último, que es el de la reinserción de los menores a sus familias y sociedad, por lo que es indispensable atender este aspecto en la nueva ley.
Este vacío puede superarse con mecanismos formales de vigilancia, por parte de organizaciones sociales especializadas, con la premisa de garantizar que se cumpla la reinserción social de los menores.
Otra problemática es la imposibilidad de dar seguimiento puntual al sistema de justicia para adolescentes, tanto en sus avances como deficiencias, por lo que propusieron la creación de una red de ONG´s a nivel nacional que faciliten la medición de operatividad y permitan atender de inmediato los aspectos que deban corregirse, a favor de la protección de los menores.
Al ahondar sobre el tema de derechos humanos, apuntaron la necesidad de establecer mecanismos de supervisión durante todo el proceso de un menor infractor, desde su detención hasta aplicación de la sanción correspondiente.
Sin embargo, reconocieron que para lograr lo anterior es necesario resolver el problema de inexistencia de estrategias que permitan agilizar la firma de convenios, para que organismos sociales especializados puedan asistir a las autoridades en la ejecución de sanciones.
Esto es preocupante, apuntó, porque las autoridades no cuentan con especialidad en trabajo terapéutico, psicosocial, de seguimiento a las sanciones en libertad, en lo que podrían coadyuvar ampliamente las organizaciones.
Bajo este argumento, se pronunciaron porque se conforme un marco normativo en el que establezcan las bases y normas de participación de organizaciones civiles, y normar que sólo se incluyan a aquellas que sean especializadas en la materia.
En ese mismo sentido se pronunció Jimena Cándano, directora de la fundación Reintegra, quien propuso la incluir en la ley de justicia para adolescentes de un código que han realizado organizaciones civiles, junto con la UNICEF. Dicho código, explicó, incluye diversos mecanismos de vigilancia, como los operativos de inspección sorpresa por parte de autoridades distintas a las de los centros de retención para adolescentes.
Es necesario, subrayó, que la autoridad sea capacitada y cumpla códigos de respeto a derechos humanos y protección de garantías, porque los jóvenes están imposibilitados de protegerse a sí mismos; no pueden denunciar agresiones en su contra porque son catalogados como “soplones”, tanto por los custodios como de parte de sus propios compañeros y ello implica mayor agresión.
La directora general de Cauce Ciudadano, A.C, Erika Llanos Hernández, ahondó en la necesidad de que tanto el Senado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atiendan puntualmente la problemática de derechos humanos, lo que no sólo requiere normar la conducta de los jóvenes conforme a violaciones a la ley y aplicación de sanciones.
Se requiere, enfatizó, construir métodos para evitar la reincidencia, lo que requiere atender los casos acorde a diversos enfoques: desde el derecho de la infancia, hasta las perspectiva de género, población indígena, e incluso prever los problemas que se enfrentan en cuanto a educación, organización familiar y condición socioeconómica, pues todos estos representan factores de riesgo para los niños, niñas y adolescentes.
El director general de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), Héctor Díaz Santana, refirió que actualmente las autoridades de gobierno trabajan en la elaboración de indicadores de justicia para niños, niñas y adolescentes, así como de la protección de sus derechos durante los procesos que se sigan a menores infractores.
Lo anterior, refirió, en respuesta al compromiso que se tiene con la UNESCO, que fijó 2015 como el año de la revisión de justicia y protección de las garantías de niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, puntualizó, se tiene la oportunidad de concretar un acuerdo entre autoridades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, para materializar una ley de justicia para adolescentes que establezca con claridad el tratamiento que debe darse a los menores infractores, y lograr con éxito su reinserción social.
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